México no vive tiempos ordinarios. Discutir una reforma electoral como si el país estuviera en condiciones normales sería una simulación peligrosa. Venimos de la elección más violenta de nuestra historia reciente, con asesinatos de candidatos, amenazas, renuncias forzadas y territorios enteros bajo presión del crimen organizado. En ese contexto, la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no puede analizarse únicamente desde la óptica administrativa o presupuestal. El debate es más profundo: se trata de la defensa misma del Estado de derecho.
Desde Acción Nacional en Tlaxcala hemos sido claros: no estamos ante una reforma que fortalezca la democracia. Estamos frente a un rediseño que debilita al árbitro electoral y que evade el problema más grave de nuestro sistema político actual: la infiltración del dinero ilícito en campañas.
El primer foco rojo es el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral. La propuesta de eliminar lo que llaman “duplicidades” convertiría en temporales estructuras esenciales como las juntas distritales. Esto no es un ajuste técnico menor; implica afectar la actualización permanente del padrón electoral y romper con el servicio profesional de carrera que ha dado estabilidad al sistema. México tardó décadas en construir un árbitro ciudadano, autónomo y confiable. Desmantelar su estructura territorial es abrir la puerta a la centralización política y a la pérdida de confianza en los procesos locales.
En segundo lugar, el rediseño de la representación proporcional debilita los contrapesos. La eliminación de listas cerradas y el nuevo esquema que prioriza a candidatos “no ganadores” favorece, en los hechos, a las mayorías dominantes y empuja al país hacia un bipartidismo artificial. En un estado como Tlaxcala, donde la pluralidad política es real y donde miles de ciudadanos respaldan opciones distintas al oficialismo, esta modificación reduce la voz de las minorías y concentra el poder en quien ya lo detenta.
Pero el punto más delicado no está en el número de diputados ni en el diseño de boletas. El verdadero debate es el financiamiento político. Morena hoy impulsa la reducción del financiamiento público bajo el argumento de austeridad. Sin embargo, reducir el dinero legal sin cerrar el paso al dinero ilegal no es ahorro: es abrir la puerta al crimen. Si un partido puede sustituir recursos públicos con fuentes ilícitas, la competencia deja de ser democrática.
México enfrenta fenómenos graves como el huachicol fiscal, un esquema multimillonario de evasión y contrabando que ha sido documentado en investigaciones periodísticas y expedientes filtrados. Un contralmirante que denunció estos hechos fue asesinado. La investigación no ha escalado a las más altas responsabilidades. El patrón preocupa: se investiga hacia abajo, pero no hacia arriba. Y cuando existen indicios de que redes de financiamiento irregular podrían tener vínculos políticos, el silencio institucional se vuelve ensordecedor.
El caso de Sergio Carmona, señalado como operador clave del huachicol, sigue generando interrogantes. Existen testimonios, bitácoras de vuelo y publicaciones que apuntan a posibles vínculos con campañas políticas. Si todo es falso, que se investigue y se desmienta con transparencia total. Si es verdadero, estaríamos frente a uno de los casos más graves de financiamiento criminal en la historia reciente del país.
Por eso Acción Nacional ha establecido un punto innegociable: no participaremos en ninguna negociación de reforma electoral que no incluya candados estrictos contra el dinero ilícito. Exigimos fiscalización en tiempo real con acceso a inteligencia financiera; nulidad automática de elecciones cuando se acredite financiamiento criminal; pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados con el crimen organizado; y responsabilidad penal para dirigentes que avalen esas candidaturas. Sin estos elementos, cualquier reforma es simulación.
No es un debate técnico; es un debate moral. No es un tema administrativo; es un asunto de seguridad nacional. No se puede hablar de perfeccionar al árbitro cuando el terreno de juego está contaminado. No se puede presumir austeridad mientras se elude el origen de los recursos que financian campañas.
La pregunta que debemos hacernos como país es sencilla pero contundente: ¿queremos elecciones libres o elecciones financiadas por el crimen?
En Tlaxcala, donde la ciudadanía ha demostrado que cree en la alternancia y en la pluralidad, no vamos a dar un paso atrás en la defensa democrática. Exigimos investigaciones sin excepciones, transparencia total en los expedientes relacionados con financiamiento ilícito y la incorporación obligatoria de mecanismos de blindaje real en cualquier reforma electoral.
La democracia mexicana costó décadas de lucha ciudadana. Costó vidas, persecuciones y resistencia frente al autoritarismo. No vamos a permitir que se debilite por omisión o por cálculo político.
Reformar sí. Simular, no. Blindar al poder, nunca. Blindar a la ciudadanía, siempre.