Por Jorge Ramón Rizzo | Periodista/Tlaxcala
El 8 de marzo vuelve a teñir de morado las calles de México. Sin embargo, en 2026, la conmemoración —que no celebración— del Día Internacional de la Mujer se siente más como una exigencia desesperada de supervivencia que como una jornada de celebración de logros. Miles de mujeres, madres buscadoras, colectivas y activistas toman el espacio público, no por gusto, sino por necesidad: la necesidad de visibilizar que el Estado mexicano sigue sin garantizar una vida libre de violencia para la mitad de su población.
México llega al 8M 2026 con un panorama desolador, ya que las cifras oficiales son una bofetada al discurso de igualdad. Tan solo el inicio del año fue marcado por 51 feminicidios reportados en enero, sumando a una crisis sistémica donde, en promedio, más de nueve mujeres son asesinadas al día. Esta violencia no se limita a un sector, es una marea que abarca a 7 de cada 10 mujeres que han vivido algún tipo de violencia en su vida.
La crítica central este año, más allá de la protesta, es la falta de resultados concretos a pesar de las marchas masivas de años anteriores. Se reportan retrocesos en la capacidad del Estado para contrarrestar la violencia feminicida.
A esto se suma una crisis de desapariciones, con cientos de mujeres cuyo paradero sigue siendo desconocido, dejando a miles de familias en la incertidumbre y el dolor.
El movimiento feminista en México ha tenido que evolucionar de la protesta a la autodefensa simbólica y la exigencia técnica. La consigna es clara: «¡Ni precarizadas ni sumisas! Defendemos nuestros derechos».
El 8M 2026 enfrenta un doble reto: la inseguridad extrema y la persistencia de una cultura machista arraigada en las instituciones. Mientras las colectivas feministas luchan por la despenalización del aborto, igualdad salarial y seguridad, enfrentan desafíos estructurales y una «justicia» que muchas veces revictimiza.
Además, el panorama político se complica con intentos de retroceso legislativo. Se han señalado iniciativas de actores políticos que, bajo el argumento de combatir «acusaciones falsas», buscan sancionar a mujeres que denuncian violencia de género, una táctica que busca inhibir la denuncia y proteger la impunidad masculina.
La crítica recurrente a la destrucción de monumentos o pintas de edificios públicos y privados durante las marchas es respondida por las feministas con una verdad innegable: «Lo que se rompe se repone, pero las vidas de las mujeres no regresan». El verdadero vandalismo es la inacción de las autoridades, el archivo de carpetas de investigación y la indolencia ante las madres que buscan a sus hijas.
Las concentraciones masivas que provocaron alto impacto en la movilidad de las principales ciudades del país, pusieron en jaque a la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Morelia, Oaxaca y Zacatecas, que son las siete zonas metropolitanas que congregaron el mayor número de manifestantes
El 8M en México es una respuesta a un clima de «guerra» no declarada contra las mujeres. La marcha no es solo contra un gobierno, es contra una estructura que deshumaniza y minimiza la pérdida de vidas.
Para cerrar esta entrega, quiero referirme a la dignidad en la lucha, ya que al finalizar la movilización del 8 de marzo, el zócalo de la CDMX, rodeada de vallas, se convierte en un símbolo del aislamiento del poder frente al clamor popular. Las mujeres mexicanas han demostrado que la calle es el único lugar donde su voz se escucha con fuerza.
La exigencia de este 8M es clara: la justicia no puede esperar. La lucha feminista en México sigue siendo una de las fuerzas democráticas más importantes del país, exigiendo no solo sobrevivir, sino vivir con igualdad, dignidad y sin miedo.