Mariana LOVERA// El vocero del gobierno del estado, Antonio Martínez, ofreció un mensaje durante los Diálogos Circulares en el que leyó el pronunciamiento oficial de la administración estatal sobre las movilizaciones del 8 de marzo, a las que calificó como » histórica» que «demostró la fuerza del movimiento feminista» y convocó a la sociedad y al gobierno a «una reflexión profunda y a la acción ineludible».
En su intervención, Martínez destacó que el gobierno siguió el desarrollo de la jornada «con absoluto respeto, empatía y firme convicción de escuchar» a las manifestantes. «Entendemos que la verdadera transformación de nuestra vida pública solo es auténtica si se construye de la mano de las mujeres, garantizando sus derechos y su bienestar pleno», subrayó.
El pronunciamiento oficial se estructuró en tres ejes principales. En primer lugar, un «profundo reconocimiento a la lucha feminista», destacando la valentía de las mujeres para «nombrar las violencias» y «derribar las barreras del machismo». Martínez afirmó que la movilización es «una brújula que señala el trabajo que aún tenemos por delante para consolidar un Tlaxcala verdaderamente igualitario».
En segundo término, el gobierno expresó «atención urgente al clamor de justicia», validando el reclamo por las víctimas de violencia de género, las madres que buscan a sus seres queridos y quienes exigen vivir sin miedo. «Comprendemos la magnitud de esta deuda histórica y asumimos como un mandato la responsabilidad de redoblar esfuerzos para erradicar la violencia», señaló el vocero.
El tercer punto fue la «garantía y respeto irrestricto a la libertad de expresión», constatando que durante la jornada «la protesta social pacífica y la libertad de expresión son derechos inalienables». Martínez enfatizó que el gobierno actuó como garante y que «no hay lugar para la censura ni para la represión». «Las autoridades cumplieron con su deber de proteger las movilizaciones, respetando la integridad de quienes ejercieron su derecho a la protesta», agregó.
Consultado sobre los daños materiales en edificios públicos derivados de las pintas durante la marcha, el vocero los calificó como «relativamente menores» y explicó que personal de la Secretaría de Infraestructura ya evalúa los costos de reparación. «En años anteriores ha habido gastos o inversiones entre 4 y 7 millones de pesos; probablemente este año sea menor porque realmente fue un tema pacífico», comparó.
En una reflexión personal, Martínez sugirió que «ese recurso podría servir más para apoyar a las colectivas». Asimismo, descartó que el gobierno vaya a presentar denuncias por los hechos: «Desconozco si se van a presentar denuncias, lo cierto es que no criminalizamos las denuncias. Eso no forma parte de nuestra agenda». Insistió en que, como ya lo había señalado en el pronunciamiento, «no podemos criminalizar las denuncias».