- La diputada Blanca Águila Lima presenta iniciativa que reforma ocho leyes estatales para garantizar formación en materia de igualdad sustantiva en los tres poderes y municipios
Mariana LOVERA | Con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en todas las estructuras gubernamentales, la diputada Blanca Águila Lima, presidenta de la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social del Congreso local, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones en ocho ordenamientos legales para hacer obligatoria la capacitación en materia de género para las personas servidoras públicas.
La propuesta, inspirada en la experiencia de la Ley Micaela de Argentina —implementada tras el feminicidio de la joven Micaela García—, establece que todas las personas titulares y personal adscrito a dependencias estatales, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral, Fiscalía General de Justicia y ayuntamientos deberán acreditar el «Curso Perspectiva de Género», el cual será impartido por la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala.
La iniciativa contempla consecuencias claras para quienes no cumplan: serán acreedores a sanciones establecidas en los reglamentos interiores respectivos y no podrán ser considerados para ascensos o promociones laborales.
En su exposición de motivos, la legisladora subrayó que, si bien la participación femenina en el empleo remunerado pasó del 41% en 2005 al 46% en 2023, persisten desafíos importantes. Particularmente preocupante es el contexto tlaxcalteca: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 coloca a la entidad como la tercera con mayor prevalencia delictiva, además de ser identificada como centro de redes de trata rural en el país.
«La perspectiva de género permite cuestionar los estereotipos que han colocado a las mujeres en roles disminuidos y sin participación destacada en la vida pública. La tarea primordial es la redistribución equitativa de las actividades productivas, fortaleciendo el poder de gestión y decisión de las mujeres», señaló Águila Lima.
La iniciativa retoma recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en 2018 instó a México a fortalecer los mecanismos para incorporar la perspectiva de género en los planos federal y estatal.
Los artículos transitorios establecen un plazo de un año para que las personas servidoras públicas acrediten el curso, y 90 días posteriores a la publicación del decreto para que las instituciones armonicen sus reglamentos interiores e incorporen las sanciones correspondientes.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.