Adriana Dávila Fernández | Política y activista
La suspensión de la cuenta de Instagram del abogado Miguel Alfonso Meza —más de 82 mil seguidores, años de trabajo, una comunidad construida a pulso— no es un accidente técnico ni un hecho aislado. Es un síntoma. Un síntoma grave de un ecosistema donde las plataformas que antes se celebraban como territorios de libertad hoy parecen operar como extensiones silenciosas del poder político, especialmente cuando la crítica toca fibras sensibles.
Meza informó que su cuenta fue suspendida sin posibilidad de solicitar revisión. Sin explicación, sin proceso, sin derecho a réplica. La decisión llega después de que hiciera públicas denuncias sobre posibles vínculos entre actores políticos y miembros del poder judicial con el crimen organizado, especialmente de personajes que llegaron al poder judicial como parte de “los acordeones” repartidos por el oficialismo en la reciente farsa de la elección judicial.
Dichas denuncias, por su naturaleza, deberían investigarse de oficio, pues apuntan a la posible comisión de delitos federales. Pero en lugar de abrir expedientes, se cierran cuentas. En lugar de esclarecer, se silencia.
La suspensión de cuentas como la de Meza ocurre, además, en un contexto inquietante: el reciente anuncio presidencial de un convenio con Meta para “erradicar la violencia” en redes sociales. La intención declarada puede sonar noble, pero la coincidencia temporal con la cancelación de voces críticas despierta preguntas legítimas sobre los criterios, los alcances y los riesgos de ese tipo de acuerdos. La línea entre moderación y censura es delgada, y cuando el poder político participa en su definición, esa línea tiende a borrarse.
Este episodio no ocurre en el vacío. Forma parte de una regresión autoritaria que se ha manifestado en distintos estados gobernados por el mismo signo político.
En Campeche con Layda Sansores, comunicadores y analistas han denunciado presiones, amenazas y campañas de hostigamiento desde el poder público.
En Veracruz con Rocío Nahle, periodistas han sido amedrentados por cuestionar decisiones gubernamentales, mientras se normaliza un clima de intimidación institucional.
En Puebla con Alejandro Armenta, comunicadores críticos han enfrentado acoso digital y presiones directas que buscan inhibir la investigación periodística. No son hechos aislados: son patrones que revelan un deterioro acelerado de las libertades.
La regresión es tan evidente como dolorosa. Las nuevas generaciones, que crecieron en un entorno donde la libertad de expresión parecía un avance irreversible, poco saben de los años en que la censura era práctica cotidiana. Hoy, sin embargo, ese pasado regresa disfrazado de “regulación”, “moderación” o “combate a la violencia digital”. Y regresa con fuerza, justo cuando el gobierno enfrenta una crisis de resultados que intenta contener monopolizando la conversación pública.
La paradoja es imposible de ignorar. El movimiento político, la famosa “transformación”, que en su momento bendijo las redes sociales como herramientas democratizadoras hoy parece maldecirlas. No porque hayan cambiado las plataformas, sino porque cambió el efecto. El boomerang de datos, documentos, capturas de pantalla y trazas de complicidades ha comenzado a regresar. Y cuando la narrativa oficial ya no controla el flujo de información, la tentación de intervenir se vuelve demasiado grande.
El riesgo mayor no es individual, sino colectivo. Cuando se silencian voces que denuncian posibles actos de corrupción o colusión con el crimen organizado, lo que se erosiona es el derecho de toda la sociedad a acceder a información relevante. La censura digital no solo afecta al emisor: afecta a miles de receptores que pierden una fuente de datos, análisis y seguimiento de temas de interés público.
En un país donde la prensa enfrenta amenazas, presiones y violencia, las redes sociales se habían convertido en un espacio alternativo para la vigilancia ciudadana. Si ese espacio también se cierra, ¿qué queda?
Por eso, estoy segura de que la cancelación de voces incómodas no es un tropiezo: es una señal de alarma, que se suma a las muchas que ha mandado el régimen durante estos siente años. Es un recordatorio de que la libertad de expresión no se pierde de golpe, sino por erosión, por pequeñas concesiones, por silencios impuestos que se vuelven costumbre.
Y cuando el poder, incapaz de responder con resultados, intenta controlar la conversación pública para administrar la percepción, lo que está en juego no es un debate, sino la democracia misma. Porque cada vez que una voz crítica es silenciada, se apaga una parte del país que se niega a aceptar la oscuridad como destino. Defender la libertad de expresión no es un gesto simbólico: es la última línea de defensa antes de que el silencio se vuelva norma y la verdad, un lujo.