- La diputada de Fuerza por México plantea homologar las exigencias con las del Poder Judicial Local, tras la reforma constitucional de 2024 que flexibilizó los perfiles para magistrados y jueces estatales.
Mariana LOVERA | En sesión ordinaria celebrada en el Congreso del Estado, la diputada Reyna Flor Báez Lozano, coordinadora de la bancada de Fuerza por México, presentó una iniciativa para modificar el artículo 154 de la Ley Municipal del Estado, con el objetivo de actualizar los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a ser jueces municipales.
La legisladora argumentó que, si bien en 2007 se elevó el estándar para estos funcionarios exigiéndoles título y cédula profesional en derecho con al menos tres años de antigüedad, dicha disposición se ha vuelto desproporcionada frente a los criterios actuales del Poder Judicial Local. Señaló que, derivado de la reforma al artículo 83 de la Constitución Política del Estado —publicada en diciembre de 2024 en el contexto de la reforma judicial federal—, para ser juez o magistrado del Poder Judicial ya no se requiere una antigüedad mínima en el título, ni siquiera la cédula profesional, mientras que a los jueces municipales se les siguen exigiendo tres años.
“Resulta incongruente que para un cargo con funciones más limitadas, como la mediación y las faltas administrativas, se pida un requisito que ni siquiera se exige a quienes imparten justicia en el Poder Judicial”, expresó Báez Lozano desde la tribuna.
La iniciativa propone, por tanto, eliminar la fracción que establece la antigüedad de tres años en la expedición del título y la cédula, dejando únicamente la obligación de contar con ambos documentos. Además, reduce de cinco a un año el tiempo de residencia previa en el municipio y suprime el requisito de no haber sido objeto de recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por considerarlo ajeno a los estándares aplicados a otros cargos públicos.
La diputada enfatizó que los jueces municipales, aunque no forman parte del Poder Judicial, desempeñan una labor fundamental en la solución de controversias vecinales y en la aplicación de los bandos de buen gobierno, por lo que deben contar con un perfil profesional sólido, pero sin barreras injustificadas.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación. De aprobarse, los nuevos requisitos entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.