En sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, la diputada Reyna Flor Báez Lozano, integrante de la LXV Legislatura, presentó la Iniciativa para reformar el artículo 154 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de actualizar y adecuar los requisitos para obtener el nombramiento de Jueza o Juez Municipal.
En la exposición de motivos, la diputada Báez Lozano explicó que la legislación vigente establece requisitos que resultan desproporcionados frente a los cambios recientes en el marco constitucional del Poder Judicial, particularmente tras las reformas que modificaron las condiciones para la elección de magistraturas y juzgados en el estado. Señaló que actualmente se exige a quienes aspiran a desempeñarse como jueces municipales contar con título y cédula profesional en derecho con una antigüedad mínima de tres años, tener más de veinticinco años de edad y acreditar una residencia mínima de cinco años en el municipio correspondiente, condiciones que, en comparación con los requisitos vigentes para otros cargos judiciales de mayor responsabilidad, resultan incongruentes.
La iniciativa expone que los jueces municipales no forman parte del Poder Judicial ni ejercen funciones jurisdiccionales plenas, ya que su actuación se circunscribe principalmente a la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y la conciliación, así como a la imposición de sanciones por infracciones administrativas a los bandos de policía y buen gobierno y reglamentos municipales. En ese sentido, se plantea que los requisitos actuales deben adecuarse a la naturaleza de sus funciones y al nuevo contexto jurídico derivado de la reforma judicial.
Por ello, la propuesta legislativa de la diputada Reyna Flor Báez, plantea que para ocupar el cargo de Jueza o Juez Municipal únicamente se requiera contar con título y cédula profesional de licenciatura en derecho legalmente expedidos, tener ciudadanía mexicana y acreditar residencia en el municipio correspondiente al menos un año previo a su designación, así como no haber sido condenado por delito grave ni estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos. Con ello, se busca armonizar la legislación municipal con el nuevo marco constitucional y garantizar congruencia normativa en los requisitos de acceso a los distintos cargos vinculados con la impartición de justicia.
Finalmente, la Iniciativa de la legisladora fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente.