Mariana Lovera | La trata de personas es una de las violaciones a los derechos humanos más crueles y lucrativas que existen. En Tlaxcala, este delito no es un fenómeno reciente, sino una herida histórica que ha dejado una estela de violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, lejos de encararse con la gravedad que requiere, el debate público se ha desplazado hacia un terreno estéril pero revelador: el de las cifras.
En días recientes, la senadora priista por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca irrumpió en la tribuna con una denuncia que debería encender todas las alarmas en el estado. Acusó al gobierno de Tlaxcala de incurrir en una “simulación” estadística respecto a la trata de personas. Sus datos son contundentes: mientras en el sexenio anterior se registraban alrededor de 50 casos, en la actual administración —según sus señalamientos— apenas se reportaron dos entre 2021 y 2022, y ninguno desde 2023. La legisladora fue más allá al cuestionar las declaraciones de la propia gobernadora Lorena Cuéllar, quien en 2025 aseguró que no se había presentado “ni un solo caso”.
La contradicción es evidente. ¿Cómo es posible que en una entidad donde organizaciones civiles como el Centro Fray Julián Garcés han documentado la operación de redes familiares de trata en al menos 35 de los 60 municipios, y donde las víctimas son enganchadas en 17 estados de la república y explotadas hasta en siete entidades de Estados Unidos, las carpetas de investigación desaparezcan de los registros oficiales? El propio informe del Centro Fray Julián Garcés, de noviembre de 2025, revela que mientras la Fiscalía de Tlaxcala abrió 19 carpetas de investigación entre 2022 y junio de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no reporta un solo caso para la entidad entre enero de 2023 y septiembre de 2025.
Esta disparidad no es un error técnico; es una decisión política que, como advierte la senadora, convierte al gobierno en “cómplice por negligencia”. Gobernar desde la negación no elimina el delito; lo invisibiliza, lo protege y profundiza la impunidad.
Frente a estas acusaciones, la administración estatal ha salido a defender sus avances. En la reciente Segunda Sesión de la Mesa Permanente para dar continuidad a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la gobernadora Lorena Cuéllar presumió un avance del 36 por ciento en las acciones emitidas por la Conavim y destacó un incremento en las órdenes de aprehensión cumplidas por trata: 29 en total entre 2021 y lo que va de 2025. Además, anunció la construcción de la Ciudad de la Mujer y presumió ocho millones de acciones en favor de las mujeres.
Sin embargo, estos logros no pueden servir como cortina de humo para ocultar una realidad estructural que las propias organizaciones civiles han denunciado. Resulta inaceptable que, en pleno 2026, Tlaxcala aún no cuente con un refugio especializado para víctimas de trata, un recurso básico para garantizar su protección y reconstrucción de vida. Tampoco es admisible que, mientras las fiscalías de la región reconocen haber atendido a 53 mujeres víctimas de trata con fines sexuales en un periodo reciente, las cifras oficiales ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública se mantengan en cero.
La trata de personas en Tlaxcala es un problema estructural, vinculado a una “cultura del lenocinio” que persiste en comunidades enteras, donde la explotación es vista por los tratantes como un “proyecto de vida”. Combatirla no solo requiere policías y sentencias, sino también prevención desde las escuelas, como lo demanda el Centro Fray Julián Garcés, y un reconocimiento honesto de la magnitud del problema.
Es momento de que el gobierno estatal abandone la simulación. La gobernadora Cuéllar tiene razón en un punto: la violencia contra las mujeres no admite retrasos ni justificaciones. Pero esa premisa pierde todo su peso cuando los números se manipulan para mostrar una realidad que no existe. Si se presume un avance del 36 por ciento en las acciones de la Alerta de Género, pero los delitos de trata desaparecen mágicamente de las estadísticas, entonces no estamos ante un avance, sino ante un retroceso en la verdad.
No se trata de descalificar los esfuerzos realizados, sino de exigir coherencia. La primera batalla contra la trata se libra con datos precisos y voluntad política para reconocer que el problema persiste. Mientras el discurso oficial niegue la existencia de víctimas, las redes de tratantes seguirán operando con la certeza de que en Tlaxcala, la ley es un eco lejano y la impunidad, la única certeza. Las mujeres y niñas tlaxcaltecas merecen algo más que cifras convenientes; merecen justicia y protección real, se lo digo así, sin maquillaje, ni retoques.