La administración pública no solo se evalúa por sus resultados visibles, sino también por la manera en que gestiona la opacidad, las señales políticas y, sobre todo, los perfiles que decide mantener o promover en cargos de responsabilidad. El reciente nombramiento de Ricardo Peralta Saucedo como titular de Casa Tlaxcala en la Ciudad de México y la reacción del gobierno estatal ante los señalamientos que ligan con una presunta red de huachicol constituyen un caso de manual sobre cómo un gobierno puede, mediante declaraciones vacías de sustento jurídico, legitimar la impunidad de facto.
Lo ocurrido en la conferencia de Antonio Martínez Velázquez, vocero estatal, es sintomático. Ante la evidencia de un reportaje periodístico sólido —que sitúa a Peralta en un organigrama de contrabando de combustible, con acceso a puertos clave durante su paso por la Agencia Nacional de Aduanas—, la respuesta oficial no fue el deslinde, sino el refugio en el formalismo más burdo: “no hay denuncia formal”, “no existe investigación judicial en curso”. Este argumento, repetido hasta el cansancio, confunde deliberadamente dos planos que cualquier funcionario público debería distinguir: el ámbito de la responsabilidad penal y el ámbito de la responsabilidad política y ética.
Porque el Estado no necesita esperar una sentencia condenatoria para apartar de sus filas a un servidor público cuando existen indicios razonables, periodísticamente documentados, de su participación en redes ilícitas. Más aún cuando ese servidor ya arrastra un historial público de señalamientos similares. El gobierno de Tlaxcala, al ampararse en la ausencia de un proceso judicial, está enviando un mensaje perverso: mientras no haya una denuncia formal, cualquier perfil —por más vínculos con estructuras de corrupción que le señale la prensa— es apto para representar los intereses de una entidad en la capital del país.
Desde su nombramiento y cuestionado por este medio, el vocero, en su intento por desactivar la polémica, incurrió en contradicciones reveladoras. Por un lado, aseguró que Peralta no sería “operador político” de cara al proceso electoral de 2027, pero al mismo tiempo justificó su nombramiento en virtud de “las relaciones, los contactos que tiene” y su capacidad para “facilitar el diálogo entre varios actores”. ¿Qué es un operador político sino alguien que, desde un cargo público, utiliza su red de contactos para tejer alianzas e influir en la toma de decisiones?, pero demos el beneficio de la duda en ese tema.
Sin embargo, desde mi punto de vista, más grave resulta la defensa basada en que “no fue inhabilitado ni sancionado por ninguna instancia” por su presunta relación con un red del huachicol.
Ese argumento normaliza una lógica según la cual la permanencia en el cargo depende únicamente de la existencia de una resolución administrativa o judicial previa, y no de la elemental exigencia de integridad que debe presidir la función pública. Si acaso el propio Martínez Velázquez reconoció —cuando dijo que no “metería las manos al fuego” por Peralta— que la confianza en este personaje no es total, ¿cómo puede entonces sostenerse que su permanencia es incuestionable?
Detrás de este blindaje hay una operación política clara. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros apuesta por un perfil con experiencia en el gobierno federal, con capacidad de interlocución en la Ciudad de México, aunque eso implique arrastrar el costo de tener en sus filas a un personaje cuya trayectoria ha quedado marcada por el escándalo del huachicol. El problema no es solo la impunidad, sino la normalización. Que el gobierno estatal califique de “mediático” un reportaje con sustento documental no es una defensa; es un desprecio al periodismo de investigación y una afrenta a la ciudadanía que espera rendición de cuentas.
Las instituciones no se desmoronan solo por los delitos cometidos en su interior, sino por la indiferencia con la que sus titulares deciden mirar hacia otro lado cuando los indicios de corrupción aparecen. Tlaxcala, una entidad que ha pugnado por consolidar un proyecto de transformación, no puede permitirse que sus representantes sean aquellos a quienes ni siquiera sus superiores están dispuestos a defender con convicción.
Mientras el gobierno estatal insista en que mientras no haya sentencia no hay nada que aclarar, la lección que queda es clara: en Tlaxcala, la lealtad política pesa más que la honestidad, y el cargo público puede seguir siendo un escudo contra la rendición de cuentas. Así no se construye transformación; se heredan las peores prácticas del pasado, se lo digo así, sin maquillaje, ni retoques.