Mariana LOVERA | La diputada Aurora Villeda Temoltzin, del Partido Redes Sociales Progresistas, presentó una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones en la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil y el Código Penal del estado de Tlaxcala, con el objetivo de fortalecer la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la violencia vicaria.
La propuesta busca armonizar la legislación local con el decreto federal publicado en enero de 2024, que por primera vez estableció un piso mínimo de justicia en la materia. Aunque Tlaxcala fue pionero al reconocer este tipo de violencia en mayo de 2023, la iniciativa señala que la redacción actual presenta lagunas interpretativas que pueden ser aprovechadas por los agresores.
Entre los principales cambios destaca la incorporación de la violencia vicaria como causal directa de pérdida de la patria potestad, así como la obligación de restitución inmediata de las hijas e hijos sustraídos, retenidos u ocultados. También se establece la obligatoriedad de valorar el testimonio de la madre con perspectiva de género, con el fin de prevenir la violencia institucional.
La iniciativa detalla conductas constitutivas de violencia vicaria, como amenazar con dañar a hijas e hijos, utilizarlos para obtener información de la madre, promover actos de violencia física o psicológica en contra de ella, interponer acciones legales falsas para obtener la custodia o condicionar el pago de alimentos.
El proyecto de decreto contempla modificaciones al artículo 6 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para precisar las manifestaciones de la violencia vicaria; adiciones al artículo 48 Bis para incluir órdenes de protección específicas; reformas al Código Civil para vincular la violencia vicaria con la modificación o pérdida de la patria potestad; y ajustes al Código Penal para definir el delito de violencia vicaria y sus sanciones.
Los transitorios establecen que la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, otorgan 90 días a las autoridades para adecuar sus reglamentos y protocolos, y ordenan la implementación de programas de capacitación obligatoria para el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia y el Sistema DIF estatal.
La iniciativa será turnada a comisiones para su dictamen.