Mariana LOVERA | La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) emitió un enérgico pronunciamiento para rechazar los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, donde productores locales que se habían sumado al Paro Nacional fueron desalojados por fuerzas de seguridad.
En un comunicado oficial, ANTAC responsabilizó directamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala por lo que calificó como un “ataque artero y desmedido” contra ciudadanos que, según la organización, se manifestaban de forma pacífica en defensa de sus derechos.
“Lo ocurrido no puede ser minimizado ni justificado bajo ninguna circunstancia”, señala el texto, en el que la asociación denuncia que los manifestantes fueron agredidos con armas de fuego y golpeados brutalmente.
ANTAC sostiene que estos hechos constituyen “una violación flagrante a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución”, y advierte que evidencian “un preocupante uso de la fuerza pública para silenciar la legítima protesta social”.
Entre las exigencias inmediatas planteadas por la organización destacan:
· La presentación con vida de todos los compañeros desaparecidos.
· El cese inmediato de la represión contra el movimiento campesino y transportista.
· Una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables materiales e intelectuales.
· Garantías reales para el libre ejercicio de la manifestación y la protesta social.
“La criminalización de la lucha transportista y campesina y el uso de la violencia institucional son inaceptables en un Estado que se dice democrático”, enfatiza el pronunciamiento.
Finalmente, ANTAC advierte que estos actos “no quedarán impunes ni en el olvido” y ratifica que la unidad del gremio campesino y transportista a nivel nacional “se mantendrá firme y en pie de lucha ante cualquier intento de intimidación o represión”.
“Hoy más que nunca, alzamos la voz con dignidad y exigimos justicia. ¡Ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos!”, concluye el comunicado.
Por su parte, el gobierno del Estado, señaló que fue un desalojo pacífico, que no se criminalizará a los manifestantes y agregó que no hay detenidos.