Mariana LOVERA// Cerca de las trece horas de este miércoles, el Tribunal Electoral de Tlaxcala notificó a las autoridades responsables del Ayuntamiento de Santa Catarina Ayometla el acuerdo plenario recaído en el expediente TET-JDC-039/2026, mediante el cual se concede la protección de la justicia federal a la síndico municipal del municipio del sur, quien había sido separada de facto de su cargo tras una licencia que nunca solicitó.
En sesión colegiada, las magistraturas determinaron que existe probabilidad de violencia política contra la mujer en razón de género, por lo que dictaron cinco puntos de medidas cautelares para garantizar el ejercicio del cargo de la actora y evitar un daño irreparable. Las autoridades responsables –entre ellas la presidencia municipal, las regidurías y las presidencias de comunidad– deberán cumplir las órdenes en un plazo máximo de 24 horas hábiles, contadas a partir de la notificación.
Lo que ordena el Tribunal:
1. Respetar y permitir que la síndico municipal ejerza plenamente su cargo, con todas las facultades y obligaciones que le corresponden.
2. Entregarle las nuevas llaves de su oficina en la Sindicatura Municipal, para que pueda acceder al espacio con mobiliario y ejercer sus funciones.
3. Ordenar al Tesorero Municipal que pague de inmediato las remuneraciones adeudadas (correspondientes a la primera quincena de marzo de 2026).
4. Reintegrarla a las plataformas digitales o electrónicas (como WhatsApp) utilizadas para notificaciones e invitaciones a sesiones de cabildo.
5. Vincular a todas las autoridades responsables para que instruyan al personal del ayuntamiento a respetar el ejercicio del cargo, bajo apercibimiento de medidas de apremio en caso de incumplimiento.
El Tribunal resolvió además dar vista a la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala para que coadyuve en la apertura de la oficina de la síndico, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala para que, de considerarlo necesario, asigne una persona visitadora que la acompañe durante el acto de entrega de llaves y reingreso a su espacio de trabajo.
Con fundamento en el punto quinto de la resolución, y para evitar la revictimización de la síndico municipal, el Tribunal ordenó elaborar una versión pública del acuerdo, clasificando como confidencial los datos personales, información sensible y cualquier dato que pudiera identificar a la actora o a las autoridades involucradas.
El apercibimiento a las autoridades responsables y vinculadas es claro: de no cumplir en el plazo señalado, se les impondrán las medidas de apremio previstas en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala. Las medidas cautelares surtirán efecto hasta que se dicte sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia.