Mariana LOVERA | La diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para reformar el Código Civil de Tlaxcala con el objetivo de garantizar el reconocimiento de la identidad de género auto percibida desde la niñez y la adolescencia, eliminando cualquier barrera por edad o falta de consentimiento de padres o tutores.
La propuesta, turnada al pleno legislativo, en esencia, permite que niñas, niños y adolescentes puedan solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento que refleje su identidad de género sin que la minoría de edad sea un impedimento.
De acuerdo con el proyecto, el trámite será administrativo, expedito, gratuito y basado en el consentimiento libre e informado del menor. Si quienes ejercen la patria potestad o tutela se oponen o no otorgan su autorización, la Coordinación del Registro Civil deberá aceptar la solicitud y notificar de inmediato a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala, que actuará como representante coadyuvante o tutor especial.
“En ningún caso la ausencia de firma de quienes ejerzan la patria potestad constituirá impedimento para la procedencia del trámite”, señala el
En la exposición de motivos, la legisladora priista sostiene que la identidad de género es un derecho humano fundamental derivado del artículo primero de la Constitución mexicana y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cita criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el Amparo en Revisión 155/2021 y la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, que obligan a los estados a garantizar este derecho sin discriminación por edad.
Además, enfatiza el interés superior de la niñez y la autonomía progresiva, principios que obligan al Estado a respetar la decisión del menor conforme a su grado de madurez.
La iniciativa será analizada por las comisiones correspondientes del Congreso de Tlaxcala. De aprobarse, la entidad se sumaría a las que ya permiten el cambio de identidad de género para menores sin necesidad de amparo o juicio, bajo procedimientos administrativos.