Mientras en el resto del país el Paro Nacional de Transportistas se resolvía con mesas de diálogo y acuerdos postergados, en Tlaxcala la gobernadora Lorena Cuéllar eligió otro camino: el desalojo. La madrugada del martes, elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) irrumpieron en el bloqueo de Nanacamilpa con gas lacrimógeno, chorros de agua y grúas para retirar a campesinos y transportistas que, durante más de 20 horas, habían cerrado la carretera México-Veracruz y el Arco Norte. Una pregunta incómoda retumbó a nivel nacional: ¿por qué Tlaxcala fue la única entidad que recurrió a la represión?
El gobierno estatal justificó el operativo “Paso Libre” con cifras: 500 millones de pesos en afectaciones, 13 kilómetros de fila vehicular, personas que no llegaron a hospitales. La mandataria, incluso, lanzó una frase que delata su visión: “Yo me pregunto si los productores van a pagar esos 500 millones”. Pero esa lógica economicista omite algo esencial: el bloqueo era la última moneda de cambio de un sector agrícola que, según el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, “agoniza por la falta de apoyos y precios justos”. Los campesinos no se levantaron por capricho; lo hicieron porque el diésel sigue caro, los fertilizantes resultan inalcanzables y las promesas oficiales se diluyen en decenas de mesas de trabajo que nunca llegan a buen puerto.
La versión oficial asegura que los manifestantes portaban machetes, cohetones y amenazaban con prender fuego a bidones de diésel. El secretario de Seguridad, Alberto Perea Marrufo, defendió el uso de gas lacrimógeno como “medida no letal y proporcional”. Sin embargo, los productores desmienten esa narrativa. Emigdio Taboada, vocero del movimiento, denunció que tanto él como su padre fueron privados de la libertad, golpeados y despojados de sus celulares en pleno operativo. Otros testimonios hablan de adultos mayores agredidos cuando caían al suelo, y de una mujer que continúa hospitalizada. Si eso es “saldo blanco” y “uso proporcional de la fuerza”, entonces el gobierno de Tlaxcala tiene una definición muy distinta a la que recoge cualquier tratado de derechos humanos.
Lo más grave no es solo el desalojo, sino el contexto. Tlaxcala se convirtió en la excepción nacional. Mientras en otros puntos del país se privilegió el diálogo, aquí se optó por la vía violenta. El dirigente del PRD Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria, lo resumió con crudeza: “Para los delincuentes hay abrazos, pero para los ciudadanos hay toletazos”. La frase, que parafrasea el discurso federal de “abrazos, no balazos”, expone una contradicción insostenible: el mismo gobierno que presume sensibilidad social no dudó en usar a los granaderos contra quienes solo pedían un precio justo para su cosecha.
El PRI y el PAN, por su parte, condenaron la represión y llamaron al diálogo. Pero sus reclamos, aunque oportunos, no pueden ocultar que durante décadas ambos partidos abandonaron el campo a su suerte. Hoy, la exigencia debe ir más allá de los colores partidistas: se trata de garantizar el derecho a la protesta social sin que esta sea criminalizada. Los campesinos de Nanacamilpa no son delincuentes; son productores que enfrentan costos de producción por las nubes y un gobierno que, según sus propias cifras, solo ha cumplido 17 de 29 demandas, mientras las más sensibles —como el precio del diésel— siguen en el limbo federal.
La gobernadora Cuéllar presume que el presupuesto al campo pasó de 100 a 1,400 millones de pesos. Esa cifra, en sí misma loable, no justifica el gas lacrimógeno. Un gobierno que realmente respeta a sus campesinos no los dispersa con violencia en la madrugada; los sienta a negociar hasta encontrar una salida. Pero en Tlaxcala, al parecer, el diálogo tiene un límite: 20 horas de paciencia. Después de eso, solo quedan los toletes.
El país entero puso los ojos en Nanacamilpa. Y lo que vieron fue a un estado que, a diferencia de los demás, prefirió la fuerza bruta antes que la palabra. La pregunta ahora es si la Cuarta Transformación, que tanto pregona el humanismo mexicano, tolerará que en uno de sus bastiones se repita la vieja práctica de reprimir al que se manifiesta. Porque si algo dejó claro este desalojo es que, en Tlaxcala, el “abrazos, no balazos” todavía no llega al campo. Y mientras tanto, los productores siguen esperando, con el gas lacrimógeno aún ardiendo en sus ojos, se lo digo así, sin maquillaje, sin retoques.