Mariana LOVERA | Activistas y habitantes del municipio de Tlaxcala alertaron sobre múltiples irregularidades en el Programa Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, el cual, a su juicio, carece de una visión socioambiental, no ha sido sometido a una consulta abierta ni transparente con las comunidades, y pone en peligro áreas verdes al tiempo que impulsa una urbanización desmedida.
De acuerdo con los denunciantes, este instrumento representa todo lo contrario a una herramienta de protección territorial, especialmente en un contexto de crisis climática. Subrayaron que su verdadero propósito debería ser organizar el suelo de manera equilibrada, garantizando tanto el bienestar de las personas como la conservación de los ecosistemas.
Los activistas señalaron que el plan busca favorecer la urbanización de la capital por encima de la protección ambiental, reducir la preservación de espacios que brindan servicios esenciales a la ciudadanía y a otras formas de vida, e ignora impactos directos en la salud pública y el patrimonio cultural. También criticaron que se sustente en información poco clara, errores técnicos y ausencia de mecanismos efectivos para regular el uso del suelo.
Además, calificaron como “preocupante” una contradicción que detectaron: mientras el diagnóstico del programa reconoce una crisis ambiental y sanitaria, las propuestas de ordenamiento territorial avanzan en dirección opuesta.
“Por eso estamos aquí, como habitantes de este municipio, como tlaxcaltecas preocupados … de aprobarse en estos términos, se abriría la puerta a la urbanización de zonas clave para el equilibrio ecológico”, manifestaron.
Los activistas subrayaron que el programa representa una amenaza directa tanto para la ciudadanía como para la fauna local. En ese sentido, aseguraron que es responsabilidad de las autoridades esclarecer, corregir y garantizar que cualquier instrumento de planeación esté verdaderamente orientado al bienestar colectivo y a la accesibilidad, y no solo a intereses económicos o partidistas.
Bajo la premisa de que el territorio no es un recurso para explotar de manera ilimitada, sino un bien común que debe protegerse, exigieron una revisión integral y transparente del programa; congruencia entre el diagnóstico ambiental y las propuestas de uso de suelo; protección de zonas de recarga hídrica, cuerpos de agua y áreas naturales; inclusión ciudadana efectiva en la toma de decisiones; y garantía del derecho a la salud integral, a un medio ambiente sano y a una ciudad digna.