La democracia no es un decorado que se activa cada tres o seis años. Es un ejercicio constante de equilibrio, de reglas claras y de actores que aceptan la existencia de un árbitro con capacidad y voluntad para sancionar. Sin embargo, la reciente decisión del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) de dejar sin efecto las medidas cautelares contra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera y el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, no solo preocupa: deslegitima al propio sistema.
Los hechos son elocuentes. Mientras un proyecto de dictamen reconocía la necesidad de actuar al menos contra el edil capitalino —cuyo nombre aparecía explícitamente en bardas—, la resolución final, aprobada por el voto de calidad del consejero presidente Emmanuel Ávila González, determinó que no hay pruebas suficientes para atribuir autoría. Por tanto, nada de retiro de propaganda. Solo un deslinde público y un exhorto a militantes. Es decir: sanción de papel, mensaje de tinta que el viento se llevará.
El argumento del ITE puede sonar técnicamente impecable: sin autoría acreditada, no hay medida cautelar. Pero la política no vive en un laboratorio procesal. La ciudadanía sabe leer el contexto. Las bardas existen, los nombres están ahí y el proceso electoral 2027 ya calienta motores. Hacerse de la vista gorda bajo el escudo de “falta de elementos” es, cuando menos, ingenuo o, en el peor de los casos, complaciente.
La reacción de la oposición no tardó. El líder del PRD, Juan Manuel Cambrón, calificó la sesión como un “circo” y sentenció que “la democracia en Tlaxcala está de luto”. Lo acompañó el PRI, a través de la senadora Anabell Ávalos y el dirigente Enrique Padilla, quienes denunciaron que el ITE se ha convertido en un “defensor de Morena” y no en un árbitro imparcial. Más allá de las siglas, que ya cargan su propia historia, el fondo del reclamo resuena: ¿de qué sirve un órgano electoral que no tiene el valor de aplicar las reglas cuando más se necesita?
No se trata de un berrinche partidista. Se trata de equidad. Cuando un instituto electoral desestima medidas cautelares —por definición, acciones urgentes para evitar que se consuma un daño— frente a actos anticipados de campaña, lo que está haciendo es tolerar la siembra de la inequidad. Y esa semilla crece rápido: un día son pintas, otro día recursos públicos, después reuniones simuladas, disfrazadas de “tamalizas”. Al final, el proceso electoral llega viciado de origen y el único perdedor es el votante.
El ITE pudo haber sido contundente: retiro de propaganda, apercibimientos y una clara advertencia para todos los actores políticos. En lugar de eso, optó por la salida más angosta, ocultándose en una exigencia probatoria casi imposible de satisfacer en la inmediatez que reclaman las medidas cautelares. Y lo hizo con un consejo dividido, donde el presidente desempató a favor del statu quo.
El mensaje que se envía es terrible: en Tlaxcala, el costo de violar las reglas en periodo preelectoral puede ser, si se cuenta con los apoyos adecuados, un simple deslinde público. Mientras tanto, la confianza ciudadana se sigue desmoronando y la democracia aprende a claudicar.
Ojalá el ITE entienda que su razón de ser no es quedar bien con nadie, sino garantizar el piso parejo. Porque cuando el árbitro renuncia a su oficio, el partido acaba siendo el que anota sus propias faltas. Y ese espectáculo, señores consejeros, nadie quiere verlo. Se lo digo así, sin maquillaje, ni retoques.