Mariana LOVERA | Para homologar los criterios electorales locales con los estándares federales y evitar riesgos a los datos personales de los aspirantes, la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala (LIPEET).
La propuesta, impulsada por la diputada Maribel Cervantes Hernández y el diputado Silvano Garay Loredo, plantea eliminar la obligación de que los partidos políticos entreguen al Instituto Tlaxcalteco de Elecciones (ITE) las credenciales para votar en su formato físico original, sustituyéndolas por fotocopias del anverso y reverso, además de validar su autenticidad mediante el sistema informático del Instituto Nacional Electoral (INE).
Los legisladores argumentaron que la práctica vigente, que obliga a los partidos a concentrar cientos de credenciales originales para su cotejo y posterior devolución, representa un riesgo de vulneración a los derechos político-electorales y a la protección de datos personales. Señalaron que en pasados procesos, el ITE retuvo dichos documentos por varias semanas, e incluso se calendarizó su devolución hasta después de la jornada electoral.
“La retención del formato físico puede generar incertidumbre y un riesgo real de que se cree un banco de datos con información personal protegida por la ley”, señaló Silvano Garay Loredo, respaldándose en una sentencia de la Sala Regional Ciudad de México (SCM-JRC-25/2024) que determinó que el ITE no puede retener la credencial de votar.
La iniciativa propone que, mediante convenios de colaboración con el INE, el ITE pueda cotejar la vigencia y originalidad de las credenciales a través del código QR y el sistema de Listado Nominal, similar a como ya lo hacen instituciones bancarias y dependencias federales.
Otro de los puntos medulares es la derogación de la fracción VII del artículo 152 de la LIPEET, que exige a los candidatos a ayuntamientos y presidencias de comunidad presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad de estar al corriente de sus contribuciones fiscales.
Los promoventes advirtieron que este requisito ha resultado discriminatorio y violatorio del derecho a ser votado, especialmente para candidatos indígenas, del campo, jornaleros y personas con discapacidad, quienes enfrentan graves dificultades para obtener su cédula de situación fiscal en los plazos electorales, coincidiendo con la temporada de declaraciones anuales del SAT.
Citaron la Acción de Inconstitucionalidad 164/2020, donde se determinó que el comprobante de declaración fiscal es un requisito ajeno al ámbito electoral, innecesario y excesivo. Proponen que el ITE firme convenios con el SAT para agilizar citas y trámites fiscales, así como un plan de contingencia de la Unidad Técnica de Fiscalización para quienes obtengan su cédula de forma tardía.
La iniciativa también faculta al ITE para informar anticipadamente el uso de tecnologías como el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para cotejar credenciales, y establecer coordinación con el INE a través de la Unidad Técnica de Vinculación.
Los diputados del PT confían en que esta reforma modernizará el registro de candidaturas, reducirá cargas burocráticas y protegerá los derechos humanos de los aspirantes, en congruencia con el principio pro persona y la jurisprudencia electoral federal.