Mariana LOVERA | La gobernadora constitucional de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, se sumó al posicionamiento público emitido por la dirigencia nacional de Morena y diversos mandatarios estatales en respaldo absoluto a su homólogo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de las acusaciones realizadas por la defensa legal de Ismael «El Mayo» Zambada García.
El documento, encabezado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, y suscrito por la mandataria tlaxcalteca, entre otros, califica como «mentiras y estigmatización» los señalamientos contra Rocha Moya, a quien intentan vincular —sin éxito, señala el texto— con la detención del capo ocurrida el 25 de julio de 2024.
La gobernadora Cuéllar respaldó la postura de que la situación ya fue aclarada «de manera puntual» por el mandatario sinaloense y refrendó la confianza en su «probidad y vocación de servicio».
En el texto firmado por la tlaxcalteca se subraya que Rocha Moya, con más de tres décadas de servicio público, se ha caracterizado por su «honestidad y respeto irrestricto a la ley», actuando siempre bajo los principios de la Cuarta Transformación: «no mentir, no robar y no traicionar al pueblo».
Finalmente, Cuéllar Cisneros se unió al llamado a «detener la estigmatización del estado de Sinaloa y de su gente», reiterando el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo federal en materia de seguridad y estricto apego a la ley.
El respaldo de la morenista ocurre en medio de un escenario de creciente presión internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la apertura de una acusación formal contra 10 actuales y exfuncionarios de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya, por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa.
Según el DOJ, los acusados habrían «protegido las operaciones del cártel, filtrado información sensible y permitido el traslado de grandes cargamentos de narcóticos hacia Estados Unidos» a cambio de sobornos millonarios.
La fiscalía estadounidense advierte que el Cártel de Sinaloa «opera con apoyo de funcionarios corruptos que facilitan su expansión internacional», lo que ha permitido el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas. El caso también involucra señalamientos de violencia extrema, incluyendo secuestros y asesinatos de personas vinculadas a la investigación.
Las autoridades estadounidenses subrayan que todos los implicados mantienen la presunción de inocencia. Hasta el cierre de esta edición, ni la gobernadora Cuéllar ni la dirigencia de Morena se habían pronunciado sobre la acusación formal del DOJ, limitándose al respaldo emitido tras los dichos de la defensa de «El Mayo» Zambada.