El 29 de abril de 2026 quedará como una fecha emblemática para la libertad de expresión en Tlaxcala. Ese día, Edgar García Gallegos, presidente titular de este medio digital, cumplió con una orden del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE): eliminar dos publicaciones periodísticas. Pero lo hizo con una condición clara, escrita en tinta indeleble: “Acato, pero no acepto”.
Acompañado por el respaldo institucional de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) y el Consejo de Medios de Comunicación y Periodistas de Tlaxcala (COMECOT), García Gallegos entregó al presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, un documento , un manifiesto en defensa del periodismo crítico, una advertencia sobre los riesgos de que las autoridades electorales confundan la denuncia periodística con la propaganda anticipada.
Todo comenzó con un video. En el, servidores públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT) aparecían realizando expresiones de apoyo político-electoral dentro de instalaciones oficiales. “La Bestia Política” documentó el hecho y lo acompañó de preguntas incómodas: “¿Acaso esto ya prende las alertas? ¿Se está utilizando personal, tiempo laboral e instalaciones para cuestiones políticas?”.
Eso no era propaganda. Era periodismo de denuncia en estado puro. Pero el ITE, mediante el Acuerdo ITE-CG 18/2026, ordenó ocultar las publicaciones como medida cautelar dentro del procedimiento sancionador CQD/Q/JPCR/039/2026.
García Gallegos, con sólida argumentación, señaló que el ITE violó la Jurisprudencia 15/2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que establece el “manto jurídico protector” del periodismo. Dicha jurisprudencia exige una “verificación reforzada” antes de restringir contenido periodístico: no basta con que la autoridad sospeche incidencia electoral; debe demostrar que el medio actuó fuera del ejercicio genuino del periodismo (simulación, pago encubierto, parcialidad, etc.).
El ITE no hizo eso. Reconoció que la publicación era un “reporte noticioso”, pero aun así la censuró. Peor aún: declaró improcedente ordenar a los servidores públicos denunciados abstenerse de repetir la conducta —por falta de elementos—, pero sí obligó al medio a eliminar su cobertura. Más severo con el periodista que con el político infractor.
Las organizaciones periodísticas fueron contundentes en su pliego petitorio:
“El periodismo no genera la irregularidad que documenta. Informar sobre una posible conducta indebida no equivale a participar en ella.”
Además, advirtieron sobre el “efecto inhibitorio” que esta decisión puede generar: medios y periodistas tlaxcaltecas podrían abstenerse de investigar y denunciar irregularidades por temor a enfrentar medidas cautelares. Un riesgo letal para la democracia.
En una escena casi kafkiana, el presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, recibió a los periodistas y reconoció explícitamente el valor de su labor:
“Si no existiera esa nota periodística de ‘La Bestia Política’, el denunciante tal vez no tendría este elemento para ofrecernos y nosotros actuar en consecuencia. La labor que ustedes hacen es benéfica para la ciudadanía.”
Y luego, en el mismo acto, defendió la censura argumentando que había que “atajar la intencionalidad de un servidor público”. Es decir: el medio sirve para aportar pruebas, pero debe callarse después. Una contradicción insostenible.
🔥 Lo que viene: impugnación y precedente
García Gallegos ya anunció que impugnará el acuerdo ante el Tribunal Estatal Electoral de Tlaxcala. No por desacato, sino por convicción. Como lo dejó claro en su escrito:
“El cumplimiento se realiza exclusivamente para atender el mandato […] sin que ello implique aceptación, consentimiento, conformidad, allanamiento o renuncia.”
Este caso no es menor. Sentará un precedente sobre si en Tlaxcala los medios pueden seguir haciendo periodismo de denuncia sin que la autoridad electoral se convierta en un censor preventivo.
La democracia no se construye con medios dóciles ni con periodistas intimidados. Se construye con información, con crítica, con preguntas incómodas. El ITE tuvo la oportunidad de distinguir entre el acto político irregular y la nota periodística que lo reveló. No lo hizo. Decidió silenciar al mensajero.
Hoy, “La Bestia Política” acata la orden institucional, pero no se rinde. Acatamos, pero no aceptamos. Porque el día en que los periodistas aceptemos la censura como normal, ese día Tlaxcala habrá perdido algo más valioso que un video: habrá perdido su derecho a saber.
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