Mariana LOVERA | La detención de un padre de familia que previamente había denunciado presuntos actos de discriminación escolar en contra de sus hijos provocó una creciente confrontación social y mediática en Tlaxcala, luego de que colectivos de derechos humanos acusaran irregularidades en el proceso judicial y, al mismo tiempo, otro grupo de padres lanzara señalamientos públicos en su contra.
Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, activistas, abogados y familiares afirmaron que el hombre habría sido víctima de una presunta criminalización derivada de las denuncias que realizó desde el año pasado contra autoridades educativas de una primaria ubicada en Apizaco. De acuerdo con la versión expuesta, la detención ocurrió tras acudir voluntariamente ante agentes de investigación, donde posteriormente se ejecutó una orden judicial relacionada con acusaciones de amenazas.
En el encuentro con medios también participaron madres de familia que denunciaron presuntos casos de violencia escolar, exclusión y omisiones institucionales en distintos planteles educativos de la entidad.
Sin embargo, mientras se desarrollaba la rueda de prensa, un grupo de padres de familia se manifestó públicamente con una postura contraria, realizando acusaciones directas contra el hombre detenido y cuestionando la versión presentada por activistas y colectivos. La confrontación verbal entre ambos grupos elevó la tensión en el lugar y evidenció la división existente alrededor del caso.
Organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a las autoridades educativas llevar a cabo investigaciones imparciales, transparentes y sustentadas en pruebas, además de garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes involucrados.
El caso ha abierto nuevamente el debate sobre el manejo institucional de denuncias relacionadas con violencia escolar, así como el impacto social que generan los señalamientos públicos y los procesos judiciales en contextos de alta polarización.