Mariana LOVERA | La detención de un camarógrafo de Imagen Televisión Puebla en el municipio de Yauhquemehcan desató una confrontación pública entre directivos del medio de comunicación y el Gobierno de Tlaxcala, luego de que ambas partes difundieran versiones opuestas sobre lo ocurrido durante un incidente registrado mientras policías municipales atendían una emergencia.
El caso escaló después de que Juan Carlos Valerio, director general de Imagen TV Puebla, denunciara en redes sociales una presunta detención arbitraria de uno de sus trabajadores, acusando además falta de respaldo por parte del coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez. En su publicación, el periodista pidió la intervención de la gobernadora Lorena Cuéllar para garantizar el respeto a la libertad de prensa y evitar abusos de autoridad.
Sin embargo, durante el diálogo circular con medios realizado este lunes, Antonio Martínez Velázquez rechazó que el hecho estuviera relacionado con el ejercicio periodístico y sostuvo que el camarógrafo no se encontraba realizando funciones informativas al momento del incidente.
De acuerdo con la versión oficial, policías municipales circulaban con códigos de emergencia activados para atender el reporte de una mujer presuntamente en situación de riesgo en la comunidad de San José Tetel, cuando un automóvil con placas de Puebla habría impedido el paso de la patrulla. Las autoridades señalaron que el conductor realizó maniobras peligrosas, insultó a los oficiales e incluso intentó cerrar el paso de la unidad.
El funcionario estatal afirmó que la intervención policial derivó de presuntas faltas administrativas y desacato a la autoridad, no por la labor periodística del detenido. “Si hubiera sido un tema relacionado con el ejercicio periodístico sería una circunstancia completamente distinta”, expresó Martínez Velázquez al insistir en que el gobierno mantiene respeto a la libertad de expresión y a la labor de los medios.
Asimismo, reveló que tras el incidente sostuvo conversaciones con representantes de Imagen Puebla, quienes —según dijo— solicitaron la intervención del Gobierno estatal para frenar la actuación de los policías municipales y resolver el conflicto de manera inmediata.
Martínez Velázquez aseguró que la administración estatal se negó a actuar fuera del marco legal y acusó que durante las conversaciones hubo advertencias sobre posibles publicaciones o investigaciones “comprometedoras” contra el Gobierno del Estado como medida de presión.
“Queremos una prensa libre, pero la libertad de expresión no puede utilizarse para exigir privilegios ni para que la autoridad actúe de manera ilegal”, declaró.
Por su parte, las autoridades municipales de Yauhquemehcan informaron que el conductor fue retenido temporalmente para rendir declaración y posteriormente quedó en libertad. También señalaron que el vehículo fue asegurado debido a que inicialmente no se acreditó su propiedad, aunque horas después fue devuelto y la multa correspondiente fue condonada.
El caso abrió un nuevo debate sobre los límites entre la libertad de prensa, el actuar de las autoridades y el uso de la presión mediática en conflictos legales y administrativos. Mientras Imagen Puebla sostiene que existió abuso policial y un acto intimidatorio contra uno de sus trabajadores, el Gobierno estatal insiste en que ningún ciudadano, independientemente de su profesión, está por encima de la ley.