Demian Márquez | Colectivos de víctimas, activistas y abogados se manifestaron este miércoles frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala para denunciar presuntas omisiones, retrasos y actos de corrupción en la integración de carpetas de investigación relacionadas con delitos como desaparición de personas, violación, abuso sexual y trata.
Durante la protesta, la activista Yenny Charrez aseguró que en la entidad existe una “justicia selectiva”, al señalar que algunos casos avanzan rápidamente mientras otros permanecen archivados durante años sin llegar a judicializarse.
Afirmó que muchas víctimas carecen de recursos para contratar asesoría privada y dependen de defensores públicos que, dijo, no siempre realizan adecuadamente su trabajo.
La activista también acusó que existen carpetas de investigación presuntamente manipuladas y denunció trabas burocráticas en casos de desaparición.
Señaló que familiares y colectivos han tenido que asumir labores de búsqueda e investigación ante la falta de resultados de las autoridades.
Incluso, aseguró que en algunos casos han solicitado apoyo de fuerzas federales para ingresar a zonas donde presuntamente no se realizan búsquedas por temor o falta de operatividad.
Por su parte, la activista Haydee Noya criticó la falta de atención a víctimas menores de edad en casos de hostigamiento y abuso sexual.
Explicó que existen expedientes detenidos durante meses sin que se practiquen diligencias básicas, como valoraciones interdisciplinarias a las víctimas.
Además, lamentó que asociaciones civiles y activistas tengan que brindar acompañamiento legal sin apoyo institucional y, en muchos casos, cubriendo gastos de su propio bolsillo.
Haydee Noya también cuestionó resoluciones judiciales en casos de violencia sexual contra menores, al considerar insuficientes algunas reparaciones del daño.
Señaló que las víctimas y sus familias continúan enfrentando obstáculos para acceder a la justicia, mientras que muchos expedientes permanecen sin avances claros dentro de la Fiscalía.
Los manifestantes exigieron ser recibidos por la titular de la Fiscalía estatal y pidieron una revisión de las carpetas de investigación que, aseguraron, presentan irregularidades o años de rezago.
Asimismo, hicieron un llamado a más víctimas para denunciar públicamente sus casos y buscar acompañamiento a través de colectivos y organizaciones civiles.