Por Ángelo Gutiérrez Hernández
México atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida democrática, porque desde el poder se ha decidido utilizar a las instituciones del Estado como instrumentos de persecución política, presión mediática y desgaste contra quienes no se someten al proyecto oficialista.
Hoy el caso de Chihuahua vuelve a encender las sirenas y las alarmas nacionales.
Mientras Morena intenta construir expedientes políticos y campañas de linchamiento contra una gobernadora emanada de la oposición, el país observa con indignación cómo los verdaderos escándalos vinculados al crimen organizado reciben silencio, protección o complicidad institucional.
Ese es el doble rasero del régimen.
Porque mientras se persigue a gobiernos que sí han enfrentado a la delincuencia, personajes cercanos al oficialismo aparecen una y otra vez relacionados con investigaciones federales, decomisos históricos de combustible robado, operaciones financieras sospechosas o señalamientos por presuntos nexos criminales, sin que absolutamente nada ocurra.
Ahí están Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Veracruz o Tabasco, entidades donde la violencia se desbordó mientras Morena insiste en construir narrativas propagandísticas desde Palacio Nacional.
Y mientras eso ocurre, el gobierno federal decide concentrar su fuerza institucional en atacar a quienes piensan distinto.
Eso no es casualidad, es el uso faccioso del Estado en contra de la verdadera oposición como es Acción Nacional.
Los gobiernos de oposición incomodan porque exhiben que sí existen alternativas de gobierno, que sí hay resultados y que no todo México está dispuesto a arrodillarse frente al autoritarismo disfrazado de transformación.
Lo más grave es que el oficialismo ya ni siquiera oculta su intención de controlar fiscalías, tribunales, órganos electorales y mecanismos de justicia para convertirlos en armas políticas. Lo vimos en la elección judicial, lo vemos todos los días en el discurso polarizante y ahora lo vemos nuevamente en Chihuahua.
La señal es peligrosísima para el país, porque sino te sometes ante el gobierno, viene su ataque.
Porque cuando el Estado deja de perseguir delincuentes para concentrarse en perseguir opositores, la democracia comienza a fracturarse. Lo hemos visto en otros países, ahora lo padecemos en México; un grave retroceso.
Y mientras eso sucede, México sigue acumulando fosas clandestinas, homicidios dolosos, desapariciones y regiones completas controladas por el crimen organizado.
La pregunta es inevitable: ¿por qué el gobierno es tan eficaz para perseguir adversarios y tan ineficaz para capturar criminales?
Para ello, quizá resulta más sencillo fabricar enemigos políticos que enfrentar a los grupos delincuenciales que se expandieron durante los gobiernos de Morena. Los abrazos y no balazos suena a complicidad que ha desgraciado al país.
En Acción Nacional no vamos a guardar silencio.
Defenderemos la democracia, las libertades y el derecho de millones de mexicanos a vivir en un país donde disentir no convierta a nadie en objetivo político del poder.
Porque hoy no solamente está en juego el futuro de una gobernadora. Está en juego el futuro de las instituciones democráticas del país.
Y todo porque cuando un gobierno utiliza el aparato del Estado para intimidar opositores mientras protege a sus “narco gobernadores”, deja de gobernar para todos y comienza a actuar como un régimen y para un narco Estado.
Nosotros no lo vamos a permitir y llegaremos a donde se tenga que llegar para frenar este Estado faccioso.