Mariana LOVERA | La diputada Miriam Martínez Sánchez, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de Tlaxcala, presentó una iniciativa que reforma la Ley de Víctimas del Estado para eliminar cualquier obstáculo burocrático que retrase la búsqueda de personas desaparecidas.
La propuesta modifica el artículo 20 de dicha ley, estableciendo que las autoridades competentes tienen la obligación de iniciar las diligencias de manera inmediata desde el primer momento en que tengan noticia de la desaparición, sin exigir plazos de espera, denuncia previa, ratificación, comparecencia formal o acreditación de parentesco. Asimismo, se adiciona un párrafo al artículo 111 para excluir los casos de desaparición del plazo ordinario de 72 horas en que se pone en conocimiento de la autoridad superior.
En la exposición de motivos, la legisladora subrayó que la búsqueda inmediata es una obligación constitucional y convencional derivada del deber estatal de proteger la vida, la integridad y la libertad. Citó precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Amparo en Revisión 1077/2019, que establece que las autoridades deben actuar sin obstáculos injustificados.
Como ejemplo de las consecuencias de la demora institucional, mencionó el reciente caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años desaparecida en abril de 2026 en la Ciudad de México, cuya familia enfrentó una dilación de 15 horas en la reacción oficial; fue localizada sin vida días después.
La iniciativa también incorpora perspectivas de género, enfoque diferencial y principios como máxima protección, debida diligencia, presunción de vida y no revictimización. Se prevé un plazo de 90 días naturales para que las autoridades armonicen sus protocolos, y se aclara que el cumplimiento se hará con recursos disponibles, sin perjuicio de futuras asignaciones presupuestales.