Mariana LOVERA | En respuesta a los alarmantes índices de impunidad y desconfianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, la diputada Laura Yamili Flores Lozano (PRD) presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, creando la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, con autonomía técnica y facultades para investigar y ejercer acción penal contra servidores públicos de la propia Fiscalía que incurran en delitos en el ejercicio de sus funciones.
La propuesta se sustenta en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, que revelan que el 93% de los delitos en Tlaxcala no se denuncian o no se inicia carpeta de investigación. Entre las principales razones destacan la “pérdida de tiempo” (27.8%) y la “desconfianza en la autoridad” (16.5%), ambas atribuibles directamente a la actuación del Ministerio Público.
Además, el 77.3% de la población de 18 años y más percibe la inseguridad como el principal problema del estado, y el costo total por inseguridad se duplicó en tres años, pasando de 2 mil 200 millones de pesos en 2022 a 4 mil 300 millones en 2025.
La legisladora señaló que recientemente un grupo de víctimas se manifestó frente a la Fiscalía para denunciar irregularidades como carpetas de investigación fabricadas, redes de corrupción, desaparición de expedientes y condicionamiento de trámites a cambio de dinero.
A diferencia del actual Órgano Interno de Control, que solo atiende faltas administrativas, la nueva Fiscalía de Asuntos Internos tendrá competencia penal para investigar y sancionar a ministerios públicos, policías de investigación, peritos y demás personal que cometa delitos como solicitar dinero, omitir investigaciones, no judicializar carpetas, retener personas indebidamente, dilatar la integración de expedientes o cualquier acto de corrupción.
La iniciativa adiciona el Capítulo V Bis y los artículos 28 Bis, 28 Ter y 28 Quáter a la Ley Orgánica, estableciendo que su titular gozará de autonomía técnica y de gestión, con facultades para acceder libremente a carpetas de investigación, sistemas, bases de datos y bodegas de indicios, así como para realizar visitas de supervisión y emitir lineamientos técnico-jurídicos.
Se contemplan dos fiscalías especiales adscritas (una para delitos cometidos por servidores públicos de la Fiscalía y otra para hechos de corrupción), así como una Unidad de Visita y Evaluación Técnico Jurídica y una Unidad de Atención al Público y Desarrollo Institucional.
Transitorios:
- El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
- En 60 días naturales, el titular de la Fiscalía General deberá nombrar al encargado de la nueva Fiscalía Especializada.
- La Secretaría de Finanzas deberá prever ajustes presupuestales para su operación a partir del ejercicio fiscal 2026.
La iniciativa busca combatir la impunidad interna, restaurar la confianza ciudadana y garantizar que las víctimas tengan un canal efectivo para denunciar abusos y omisiones de los propios operadores de justicia.