Mariana LOVERA// El Congreso de Tlaxcala aprobó un dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los 60 municipios del estado a fortalecer acciones de vigilancia, atención y canalización de denuncias ciudadanas relacionadas con prácticas o métodos que pudieran alterar el ciclo hidrológico natural o la precipitación pluvial en sus demarcaciones territoriales.
La iniciativa, presentada por la diputada Anel Martínez Pérez, responde a crecientes preocupaciones de productores agrícolas, especialmente en la zona oriente del estado, sobre el presunto uso de dispositivos como cañones antigranizo u otras tecnologías destinadas a modificar fenómenos meteorológicos.
El dictamen señala que la alteración artificial de patrones de precipitación puede generar afectaciones en zonas agrícolas, disponibilidad de agua, ecosistemas locales e incluso en la salud de las personas. Destaca que, según la Organización Meteorológica Mundial, ninguno de los métodos utilizados para modificar el tiempo —como cañones antigranizo o inyección de cloruro de plata— está científicamente comprobado, aunque siguen empleándose en el mundo para proteger cultivos.
En México, el uso de estas tecnologías ha provocado que pequeños agricultores pierdan sus cosechas que dependen del ciclo natural del agua, y viola derechos humanos como el acceso al agua, la salud y un medio ambiente sano.
Desde diciembre de 2023, mediante el Decreto No. 300, Tlaxcala prohibió el uso de cañones antigranizo y otras tecnologías destinadas a alterar el ciclo hidrológico a través de reformas a la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Estado. Su artículo 99 Bis establece explícitamente la prohibición de alterar el ciclo hidrológico natural desde su fase de condensación hasta la precipitación.
¿Qué deben hacer los municipios?
El acuerdo exhorta a los ayuntamientos a:
· Coadyuvar con la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado en la recepción, atención y canalización de denuncias populares (fundamentadas en el artículo 113 de la ley estatal).
· Instruir a las áreas competentes de cada municipio para que remitan a las autoridades ambientales cualquier denuncia sobre dispositivos que alteren el ciclo hídrico.
· Promover, a través de los Consejos Municipales de Medio Ambiente, campañas informativas dirigidas a la población y al sector agrícola sobre la importancia de preservar el equilibrio ambiental, respetar el ciclo hidrológico y fomentar la cultura de la denuncia (dando cumplimiento al Artículo Séptimo Transitorio de la ley).
El dictamen subraya que, bajo el principio precautorio reconocido en materia ambiental, las autoridades deben adoptar medidas oportunas para evitar daños graves o irreversibles, incluso cuando no exista certeza científica absoluta. Por ello, los gobiernos municipales deben asumir una postura activa en la vigilancia, regulación y, en su caso, restricción de cualquier práctica que pretenda alterar artificialmente las condiciones climáticas en su territorio.
La resolución tiene carácter de Acuerdo —no de ley o decreto— por lo que no requiere sanción ni promulgación del Ejecutivo, pero se busca que los municipios asuman un rol activo como autoridades de proximidad frente a un problema que afecta directamente a comunidades agrícolas y al equilibrio ecológico de la entidad.