Después de 22 años operando crisis políticas y analizando la mercadotecnia del poder, uno aprende que la mejor manera de promocionar algo es prohibiéndolo. El «control de daños» del oficialismo esta semana rozó lo cómico a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo la brillante idea de pedirle a los mexicanos, en plena mañanera, que «no vean TV Azteca». ¿El resultado? Le regaló a la televisora del Ajusco unos niveles de audiencia que no veían desde los tiempos gloriosos de la telenovela Mirada de mujer. Ricardo Salinas Pliego debe estar todavía agradeciendo la campaña publicitaria gratuita desde Palacio Nacional. Como buen comunicólogo, mercadólogo y especialista en control de crisis, se los digo con conocimiento de causa: en publicidad no hay publicidad negativa, simplemente hay que saber cómo aprovecharla.
Donde sí hay números de terror —andando muy lejos del rating— es en la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. En Tlaxcala casi ningún medio de comunicación la tocó. La ocultaron porque es sumamente incómodo admitir que, casa por casa, el INEGI descubrió que el 63% de la ciudadanía en Tlaxcala vive en una desconfianza total hacia el gobierno local. Este balde de agua fría tumba de golpe y rompe toda la narrativa de la encuesta de Mitofsky que andaba presumiendo el gobierno del estado, donde según ellos Lorena Cuéllar gozaba de un milagroso 63% de aprobación. Qué bonita coincidencia numérica, pero al revés: la realidad del INEGI borró de un plumazo la fantasía pagada. Pero claro, es más fácil pagar aplausos que explicar por qué en Tlaxcala capital seis de cada diez ciudadanos nos sentimos profundamente inseguros.
Nos quieren vender que en esta administración la libertad de expresión es sagrada, pero en Tlaxcala sabemos perfectamente cómo se usa el garrote institucional. Ahí está el antecedente real de cuando el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) le aplicó una «medida cautelar» al medio local La Bestia Política, exigiéndoles bajar un video estrictamente informativo. Aunque la orden vino del árbitro electoral, el rumor en los pasillos del poder es un secreto a voces: la instrucción llegó directo desde el gobierno. ¿El pecado del medio? Exhibir cómo el director del Cobat utilizaba recursos públicos y operaba actos de corrupción para beneficiar la campaña de Alfonso Sánchez García. Para proteger al candidato de casa y tapar el cochinito electoral, las instituciones «independientes» se vuelven muy eficientes; pero para dar seguridad, nomás no aparecen.
Y hablando de simulación y abusos que los gobiernos toleran en nombre del «progreso», ahí tenemos el escándalo internacional de Adidas. Nos enteramos de que a las artesanas indígenas de Puebla, quienes bordaron las 2,000 playeras conmemorativas de la marca para el mundial, les pagaron la miserable cantidad de 36 pesos la hora. Es indignante ver cómo las firmas millonarias se cuelgan las medallas de la identidad cultural mientras precarizan el sudor y la dignidad de los pueblos originarios ante la mirada omisa de las autoridades.
Perdonen si soy inoportuno, pero la podredumbre y el cinismo ya no distinguen colores ideológicos, pues la crisis es pareja en todo el país. Mientras a nivel nacional vemos el descaro de Movimiento Ciudadano con un Samuel García acorralado en Nuevo León por desviar dinero público a la campaña de su esposa, desde el extranjero las agencias de Estados Unidos ya preparan listas completas de narcopolíticos sin importar las siglas que defiendan. Esa misma simulación que destruye al país es la que sufrimos aquí en Tlaxcala, donde el gobierno prefiere esconder las cifras del INEGI, comprar encuestas de Mitofsky y usar al ITE para censurar portales locales antes de resolver la desconfianza del 63% de los ciudadanos y el miedo en nuestras calles. Si van a seguir gobernando para tapar sus porquerías en lugar de aplicar la ley, por lo menos dejen de cobrarle la entrada al pueblo para ver su teatro.