Mariana LOVERA | La Diputada Sandra Aguilar Vega, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la LXV Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en Tlaxcala.
La propuestabusca armonizar la legislación local con los estándares constitucionales, convencionales y jurisprudenciales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y debida diligencia reforzada para la protección de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa adiciona la fracción III Bis al Artículo 3 de la ley para incluir expresamente la perspectiva de género como uno de los principios rectores de la norma. De acuerdo con la expositora, esta incorporación no es una mera modificación terminológica, sino una herramienta metodológica obligatoria para que las autoridades identifiquen, cuestionen y corrijan situaciones de desigualdad estructural y exclusión que afectan particularmente a mujeres y niñas.
La reforma busca tipificar la violencia de género como una modalidad específica de violencia escolar. Dicha conducta se entiende como:
«Todo acto u omisión basado en el género de una persona, que tenga como causa o propósito su discriminación, sometimiento o menoscabo, y que le produzca daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual o patrimonial».
La definición reconoce que esta violencia se sustenta en estereotipos, prejuicios y relaciones estructurales de desigualdad, y afecta de manera particular a niñas, niños y adolescentes con identidades o expresiones de género diversas.
Además, se reforma la fracción VI del Artículo 5 para perfeccionar la definición de intimidación cibernética, actualizándola a las dinámicas actuales de violencia a través de plataformas virtuales, redes sociales, mensajería celular y suplantación de identidad.
La iniciativa también reforma el primer párrafo y adiciona la fracción II Bis al Artículo 8, estableciendo que las instituciones educativas de niveles básico y medio superior tienen la obligación fundamental de garantizar el respeto a la identidad y expresión de género, así como implementar la perspectiva de género y el uso de lenguaje incluyente y no sexista en el aula y en todas las relaciones administrativas, pedagógicas y socioculturales.
En su exposición de motivos, la legisladora priista citó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha sostenido que la perspectiva de género constituye una metodología obligatoria para todas las autoridades a fin de evitar decisiones sustentadas en estereotipos discriminatorios. Asimismo, invocó instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 (ODS 5: Igualdad de género).
También se refirió al principio de debida diligencia reforzada desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a actuar de manera oportuna, eficaz y preventiva para evitar violaciones a derechos humanos, en especial cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.