Mariana Lovera| La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sugiriendo a la ciudadanía no consumir contenidos de TV Azteca, ha reabierto el debate sobre los límites entre el derecho a la información, la libertad de expresión y la responsabilidad del Estado. En medio de la polémica, el vocero del gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, salió al quite con un argumento que, aunque matizado, no deja de ser resbaladizo: no es censura, es una invitación a ser críticos.
Martínez Velázquez tiene razón en un punto central. La censura, en su forma más cruda y autoritaria, implica la imposición directa: apagar señales, prohibir programas, clausurar medios. Nada de eso ha sucedido con TV Azteca. El vocero acierta al recordarnos que el derecho a la información también es el derecho a recibir información veraz, y que vivimos en una era de desinformación masiva, potenciada por redes sociales e inteligencia artificial. Su llamado a que el pueblo sea crítico con lo que consume —noticias, columnas, programas— es, en esencia, una lección de alfabetización mediática que cualquier democracia debería promover.
Sin embargo, el diablo está en los detalles y, sobre todo, en el poder del emisor. Cuando quien habla es la presidenta de la República, sus palabras no son las de una tía en la comida familiar. Son declaraciones de Estado con un peso político y simbólico enorme. Decir «no vean a TV Azteca» desde la máxima tribuna del país no es un simple consejo; es un acto de poder que puede tener efectos disuasivos sobre la audiencia y, más delicado aún, sobre los anunciantes y la propia línea editorial del medio. ¿Es censura? Quizá no en el sentido legal del término. ¿Es una presión legítima o una intimidación velada? Ahí está el debate que el vocero tlaxcalteca evade con un discurso técnicamente impecable pero políticamente inquietante.
Lo más revelador de la intervención de Martínez Velázquez no fue su defensa de Sheinbaum, sino su propio ejercicio práctico de lo que critica. Al cuestionar a esta casa editorial, La Bestia Política, por no haber «desmentido» en vivo a un invitado que supuestamente mintió sobre programas sociales, el vocero cayó en la misma trampa que denuncia: confundir el papel del periodista con el del fiscal o el del vocero oficial. Un programa de opinión y debate no es una oficina de verificación de hechos en tiempo real. La ausencia de una representante de Morena en el estudio no es una concesión a la mentira, como él sugirió, sino una carencia en el pluralismo que la propia invitada del partido pudo haber llenado, pero que no le compete al periodista suplir.
Aquí el vocero se desliza de la crítica a los medios a una suerte de «debate circular» que raya en la descalificación. Exige autocrítica a los periodistas, pero no parece aplicar la misma lupa al gobierno: ¿es ético que el poder ejecutivo convoque al boicot ciudadano contra una empresa? ¿No sería más democrático fortalecer mecanismos independientes de verificación, en lugar de fungir como vocero de una lista de medios «recomendables» y no recomendables?
Al final, el gobierno tiene derecho a quejarse de la cobertura que recibe, y los medios tienen la obligación de informar con veracidad y separar opinión de noticia. Pero el Estado no es un consumidor más en el mercado de las ideas. Es el árbitro. Y cuando el árbitro le dice al público que no le compren al equipo visitante, por muy «invitación» que sea, el partido deja de ser parejo.
La frase de Martínez Velázquez de que «los medios tienen responsabilidad ante sus audiencias» es inobjetable. Pero el gobierno también tiene una responsabilidad ante la suya: no confundir la defensa de la verdad con la construcción de un relato único, ni el llamado a la crítica con la estigmatización de un medio. La mejor forma de combatir la desinformación no es apagar voces, sino encender más luces. Y la primera luz que debería prender cualquier gobierno es la de la humildad para entender que, en una democracia, el poder se crítica, no se sugiere boicotear. Se lo digo así, sin maquillaje ni retoques.