Mariana LOVERA | En el marco del Diálogo Circular, Antonio Martínez Velázquez dio lectura al posicionamiento de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, a través de su titular Pedro Aquino, para aclarar el estatus del proyecto “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar”, luego de que circulara desinformación en la comunidad de San Pedro Ecatepec en Atlangatepec.
De acuerdo con el comunicado leído por el vocero del Gobierno del estado, hasta el momento no se ha realizado ningún trabajo físico en el inmueble relacionado con dicha construcción. El proyecto se encuentra únicamente en fase documental y administrativa, correspondiente a la elaboración de proyectos ejecutivos, conforme a los lineamientos del Gobierno de México.
Una vez que avance dicho proceso, se informará mediante mecanismos legales y de participación ciudadana, privilegiando el diálogo abierto y transparente. La dependencia precisó también que no se está construyendo ningún relleno sanitario en ninguna comunidad del estado.
Martínez Velázquez lamentó que “ayer corrió mucha desinformación sobre este asunto en Atlangatepec”, lo que generó movilizaciones infundadas. “Ojalá se pueda informar bien sobre lo que está sucediendo allí”, expresó.
Además, anunció que este día la titular de la Secretaría de Medio Ambiente federal, la doctora Alicia Bárcenas, estará en Tlaxcala en una gira de trabajo con la gobernadora para supervisar los tiraderos de cielo abierto clausurados, en cumplimiento a instrucciones de 2024.
Pobladores de San Pedro Ecatepec exigieron ayer a las autoridades federal, estatal, municipal y de comunidad detener cualquier autorización, construcción, preparación de terreno, cambio de uso de suelo, convenio, licitación, contrato, permiso o inicio de operación del proyecto denominado “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar” hasta que exista información pública completa, consulta comunitaria real, evaluación ambiental seria, estudios hidrológicos, análisis de alternativas, dictamen de riesgo, cumplimiento de la NOM-083 y resolución legalmente válida, con base en el derecho mexicano y tratados internacionales como el Tratado de Escazú, del cual México es parte, que protege el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.