MARIANA LOVERA | El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) revocó por unanimidad el acuerdo mediante el cual el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) rechazó dictar medidas cautelares en contra del alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera y el partido Morena, señalados por presuntos actos anticipados de promoción personal.
Durante la sesión pública celebrada este miércoles, las magistradas y el magistrado del TET determinaron que el acuerdo ITE-CG-16/2026 careció de los principios de legalidad, exhaustividad y debida motivación, por lo que ordenaron la reposición del procedimiento para que la autoridad electoral emita una nueva resolución debidamente fundada.
El caso se originó el pasado 22 de abril, cuando el Consejo General del ITE, encabezado por Emmanuel Ávila González, rechazó la propuesta de la Comisión de Quejas y Denuncias que planteaba imponer medidas cautelares derivadas de denuncias por la presunta promoción anticipada de ambos personajes políticos y de Morena.
La Comisión había solicitado acciones como el blanqueamiento de bardas, el retiro de propaganda y la prohibición de continuar reproduciendo mensajes considerados irregulares. Sin embargo, el presidente del organismo electoral argumentó que no existían elementos suficientes para atribuir la autoría de las pintas, lonas y calcomanías denunciadas.
Con el respaldo de otros dos integrantes del Consejo General y haciendo uso de su voto de calidad, Ávila González desechó la propuesta, decisión que posteriormente fue impugnada ante el Tribunal Electoral por los promoventes de la queja.
Al analizar el expediente, el TET concluyó que existía una desconexión entre los hechos denunciados, las medidas cautelares solicitadas y la resolución emitida por el Consejo General, además de advertir que la autoridad electoral se limitó a rechazar el proyecto sin realizar el engrose correspondiente ni atender de fondo la queja presentada.
Por ello, las y el magistrado consideraron que se vulneraron disposiciones del propio Reglamento Interno del ITE y ordenaron que el asunto vuelva a ser analizado para garantizar una resolución apegada a derecho.
La resolución representa un revés para la actuación del Consejo General del ITE y reabre la discusión sobre la posible existencia de actos de promoción anticipada en el contexto de la sucesión gubernamental de 2027.