Los nueve integrantes del Ayuntamiento de este municipio serán formalmente destituidos e inhabilitados por tres años este mismo viernes, durante una sesión a puerta cerrada de la LXV Legislatura local. Sin embargo, no abandonarán sus cargos de inmediato: dos suspensiones concedidas por tribunales federales lo impiden.
El Pleno del Congreso someterá hoy a votación el dictamen de la Comisión Instructora de Juicio Político, que ya determinó que la alcaldesa, el síndico y siete regidores cometieron abuso de poder, usurpación de funciones y violaron garantías constitucionales.
El origen: un presidente de comunidad despojado
Todo comenzó el 1 de agosto de 2025. En la Sesión Ordinaria de Cabildo número 13, la presidenta municipal Ana Ivonne Roldán Xolocotzi propuso, alegando ingobernabilidad y violencia política de género, suspender por 90 días a Alejandro Flores Xelhuantzi, Presidente de Comunidad de la Sección Segunda, electo por voto popular. La mayoría del Cabildo secundó la medida.
Esa noche, elementos de Seguridad Pública municipal forzaron las cerraduras de la Presidencia de Comunidad, cambiaron los candados y colocaron letreros que impedían el acceso al funcionario.
Lo que la ley dice, según el Congreso
La Comisión Instructora subraya que el único órgano facultado para suspender o revocar el mandato de un representante popular en Tlaxcala es el propio Congreso del Estado, no un Ayuntamiento. Además, los ediles actuaron sin seguir un procedimiento formal y sin darle al afectado la oportunidad de defenderse, violando así su garantía de audiencia.
El 6 de agosto, el municipio intentó rectificar: en una reunión con la Dirección de Gobernación estatal, se acordó devolver las llaves del inmueble a Flores Xelhuantzi. Pero el Congreso calificó ese acuerdo como una segunda ilegalidad, pues los actos de Cabildo una vez aprobados no pueden anularse de hecho por la misma autoridad municipal; esa atribución también es exclusiva del Poder Legislativo.
Los sancionados
El dictamen incluye a la alcaldesa Ana Ivonne Roldán Xolocotzi; al síndico Gilberto Flores Maldonado; y a las y los regidores Marian Elena Pérez Nava, Zuleyma Abigail Cuamatzi Netzahual, Mariana Stephany Xochitemol Peña, Yadira Bernal Pérez, Rogelio Xochitemol Cuatecontzi, Joselin Netzahual Yautentzi e Hilda Felicitas Xochitiotzin Cocoletzi.
La sanción es destitución inmediata e inhabilitación por tres años para cualquier cargo público. Queda fuera la secretaria del Ayuntamiento, Itzel Galicia Juárez, quien solo da fe y levanta actas sin voto.
El freno judicial que lo congela todo
El punto quinto del proyecto de acuerdo admite que la destitución no podrá ejecutarse materialmente por ahora. ¿Por qué?
· El municipio de Contla promovió la Controversia Constitucional 43/2026 ante la SCJN. La ministra Loretta Ortiz Ahlf concedió una suspensión que ordena al Congreso abstenerse de cualquier remoción hasta que el máximo tribunal resuelva el fondo.
· A eso se suma otra suspensión provisional, otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala (con sede en Apizaco), derivada del amparo indirecto 295/2026.
Así, aunque el Pleno del Congreso consuma hoy la votación en privado, la salida efectiva de los nueve funcionarios queda en manos de la Suprema Corte y los juzgados federales.