“Las remoras que la azuzan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados”
Si bien se las dijo AMLO a los que rodean a Trump, lo cierto es que aplica para los Diputados 4Teistas de Tlaxcala, que han destituido a la presidenta municipal de Contla y a su ayuntamiento, las regidoras, el regidor y el síndico municipal, porque se excedieron en sus atribuciones, dicen, y además con una controversia de por medio en la Suprema Corte de la Nación y amparo en un juzgado federal, pero como a la legislatura se le agota el tiempo, para que no feneciera el juicio político, apresuraron todo y en sesiones fast track, además en lo oscurito. Es decir, en sesiones privadas, los juzgaron el viernes y el lunes los sentenciaron.
A esperar si la Corte valida o tira la decisión del congreso Tlaxcalteca en contra de la decisión de los Contlenses, para que usted sepa, en Contla voto el 73% del padrón electoral, es decir 21,522 ciudadanas y ciudadanos, de ellos 7122, respaldaron el proyecto encabezado por IVONNE ROLDAN, 34% de los electores; juntos los partidos: PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, PAC, RSP y FXM lograron juntos muy por encima de los 3751 votos de su más cercana perseguidora postulada por morena y aún mayor distancia del tercer lugar, que obtuvo menos de la mitad de votación para la causa del PANALT Y SUS 3,113 SUFRAGIOS. Así sin más, la voluntad del pueblo quedo relegada, a los intereses de una diputada y sus huestes. ¿cuál diputada? la 26 esa que no tiene curul, pero tiene el control. Alimentada por una venganza política, ¿cuál? Pues la Ley Eddie, que le pego allí en donde más le duele a la camarilla de diputados, en torno a la 26.
Se preguntarán ustedes querida comunidad lectora, ¿dónde más les duele? ¿En el ego? ¿En el proyecto a la renovación del gobierno? ¿O en donde será?
En el bolsillo, en el dinero, en los recursos; puesto que la “Ley Eddie” a través de un mandato judicial irrevocable, es decir, una resolución de la SUPREMA CORTE DE JUSITICIA le quitó a los estados la facultad de fiscalizar recursos públicos, señalando que esta acción revisora, corresponde a la AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
La decisión de la corte cierra la llave, aquellos diputados que han participado en el chantaje a varios municipios donde alcaldesas y alcaldes, han tenido que ceder sus áreas de finanzas, es decir las tesorerías, a un grupo de diputados, a cambio de que no tengan problemas en su cuenta pública. Y ya veremos si les cumplen tal promesa. Tal y como dejó constancia el periodista Martín Rodríguez en su columna innombrable, de abril de este año 2026, Contla y Atlangatepec: rompiendo el yugo; dicha opinión es construida partir de una entrevista al abogado apizaquence Orlando Santa Cruz Carreño, publicada por el mismo medio en su canal de Tik Tok que puede usted consultar en la siguiente liga:
Con esos callos pisados y aplastados es que inició la vendetta, aprovechando la queja legítima o no, del presidente de comunidad suspendido; hoy con las decisiones tomadas, se entiende una acción por demás dirigida hacia la destitución vea usted, la ley que norma los juicios políticos en el estado es la LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
En ella se describe quienes son los sujetos de la ley y también quiénes son los sujetos del juicio político, y por supuesto, describe y mandata el procedimiento, entre ese mandato el artículo 17 reza así: Artículo 17. Excusas y recusaciones.
“Los miembros de la Comisión Instructora y, en general, los diputados integrantes del Congreso, que deban intervenir en algún acto del procedimiento excepto la resolución, podrán excusarse o ser recusados con expresión de causa por los motivos y bajo el procedimiento previsto en el Código de Procedimientos Penales.”
Este artículo reconoce expresamente la posibilidad de excusa y recusación de los integrantes de la Comisión Instructora. El legislador incorporó esta figura porque entendió que la imparcialidad de quienes conocen de un juicio político constituye una condición indispensable para la legitimidad del procedimiento. Hoy no podemos ignorar un hecho notorio: el presidente de la Comisión Instructora Diputado David Martínez del Razo, contendió electoralmente por la misma demarcación contra Eddie Roldan hermano de la Presidenta Municipal sentenciada este 8 de junio; en aquella contienda electoral, el resultado estuvo acompañada de señalamientos públicos relacionados con presuntas irregularidades electorales, entre ellas acusaciones de compra de votos y cuestionamientos respecto del manejo de la documentación electoral, es decir, la desaparición de 1900 boletas a favor del entonces candidato del PT, Eddie Roldan. Esto evidencia la existencia de una confrontación política previa entre los actores involucrados. Por ello, la discusión no debe centrarse únicamente en la responsabilidad o inocencia de la Presidenta Municipal. La cuestión previa es otra: ¿puede la ciudadanía tener plena confianza en la imparcialidad del procedimiento cuando quien encabezó la comisión instructora mantiene antecedentes políticos directos con el grupo al que pertenece la persona sometida a juicio?
Sume usted apreciable lector, lectora, todo el contexto y emita su juicio, puede usted coincidir o no conmigo, pero la lectura que a mí me deja este triste episodio de nuestro congreso local, es que todo esto es una venganza en contra de un grupo político, que se enfrentó al poder mismo en Tlaxcala, que afectó intereses oscuros de la clase política dominante en el estado y que pagó con la destitución de una alcaldesa, sin considerar la voluntad popular. Peor aún que, la decisión del congreso no puede llevarse a cabo, porque hay procedimientos judiciales de por medio, y si dicha resolución confirma la decisión del congreso tlaxcalteca, será cosa juzgada, pero que, en caso contrario, exhibirá a un poder legislativo en el estado que defiende todo, menos los intereses de la ciudadanía y del pueblo Tlaxcalteca
DIXI.