Mariana LOVERA | La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este lunes, por mayoría de seis votos contra tres, dar la razón al municipio de Contla de Juan Cuamatzi dentro de la Controversia Constitucional 42/2026, al determinar la invalidez de diversas disposiciones contenidas en los artículos 139 y 140 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal vigente.
La impugnación fue promovida por el Ayuntamiento de Contla al considerar que dichos preceptos vulneraban la autonomía municipal y la facultad de libre administración de su hacienda pública, garantías establecidas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las disposiciones cuestionadas fijaban límites máximos al gasto que los entes públicos, incluidos los municipios, podían destinar a adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y acciones relacionadas, estableciendo topes del 30 y 20 por ciento, respectivamente.
Durante la discusión en el Pleno, la mayoría de los ministros concluyó que las restricciones impuestas por el Congreso del Estado invadían competencias propias de los ayuntamientos y afectaban su capacidad de decisión sobre el manejo de los recursos públicos.
A favor del proyecto votaron el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, así como las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra, María Estela Ríos González y Loretta Ortiz Ahlf, además del ministro Irving Espinosa Betanzo.
En contraste, la ministra Lenia Batres Guadarrama y los ministros Giovani Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García consideraron que las medidas impugnadas buscaban fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
Con esta resolución, la SCJN invalidó las porciones normativas reclamadas por el municipio promovente, aunque los efectos de la sentencia únicamente beneficiarán a Contla de Juan Cuamatzi, al tratarse de la autoridad que presentó la controversia constitucional.
La decisión representa un nuevo revés jurídico para el Congreso de Tlaxcala, que recientemente también ha enfrentado cuestionamientos legales derivados de diversas determinaciones relacionadas con el municipio gobernado por Ana Ivonne Roldán Xolocotzi.