Mariana Lovera// El Gobierno del Estado de Tlaxcala rechazó de manera categórica las afirmaciones realizadas por la periodista Louise Callaghan durante el programa Largo Aliento, conducido por Sabina Berman, en las que se señaló a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y a su administración de minimizar o encubrir el delito de trata de personas.
A través de un posicionamiento oficial dirigido a las periodistas, a la producción del programa y a los directivos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y Canal Once, la administración estatal solicitó formalmente el ejercicio de su derecho de réplica para que se difundan las acciones emprendidas por las instituciones tlaxcaltecas en el combate a este delito.
En el documento, el gobierno estatal sostuvo que durante la actual administración se han implementado diversas medidas para la protección de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género, entre ellas la atención a la Alerta de Violencia de Género, la creación de la Secretaría de las Mujeres y la apertura de 30 Centros Libre para brindar atención integral a mujeres en situación de violencia.
Asimismo, destacó que el 65 por ciento de los programas sociales estatales están dirigidos a mujeres y que se conformó el Consejo Estatal contra la Trata, integrado por dependencias gubernamentales, organismos autónomos, asociaciones civiles y el Congreso local. También resaltó la realización de la campaña estatal “Se Trata de Todas y Todos. Cuidemos la Libertad”, desplegada en los 60 municipios de la entidad.
Respecto a los resultados en materia de procuración de justicia, la administración informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado ha ejecutado órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de trata de personas y ha obtenido 28 sentencias condenatorias que acumulan 754 años de prisión.
El gobierno estatal afirmó que su postura ha sido reconocer la problemática para enfrentarla y sostuvo que negar la existencia de este delito significaría abandonar a las víctimas y renunciar a la responsabilidad institucional.
Finalmente, reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos, la atención a las víctimas y el combate frontal a la trata de personas, además de manifestar su disposición para proporcionar información pública y verificable sobre el tema.