Mariana Lovera// Después de permanecer casi seis años en prisión acusada de secuestro agravado, la médica tlaxcalteca Sandra Arana Aguilar fue absuelta por el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Zacatecas, que concluyó que las pruebas clave utilizadas en su contra fueron obtenidas mediante actos de tortura sexual.
La sentencia absolutoria fue emitida el pasado 19 de junio por el juez Adrián Rodríguez Rodríguez, quien ordenó excluir del juicio las declaraciones y elementos probatorios derivados de esas violaciones, al considerar que fueron recabados de manera ilícita durante la detención de la profesionista en Tlaxcala.
Durante la lectura del fallo, el tribunal determinó que Sandra Arana fue víctima de al menos nueve violaciones a sus derechos humanos, entre ellas afectaciones a su libertad e integridad personal. Además, estableció que esas irregularidades provocaron un «efecto corruptor» sobre el resto de las pruebas presentadas por la Fiscalía, debilitando por completo la acusación.
El órgano jurisdiccional calificó el expediente como el caso más grave de vulneraciones a derechos humanos que ha analizado dentro del sistema penal acusatorio y destacó que la médica permaneció 2 mil 120 días privada de la libertad sin que existiera una sentencia condenatoria.
Sandra Arana fue detenida en Tlaxcala por hombres armados vestidos de civil, a quienes posteriormente identificó como agentes de la Policía de Investigación. De acuerdo con su testimonio y con documentación elaborada por organismos de derechos humanos, durante el operativo fue amenazada, golpeada y sometida a tortura sexual.
Posteriormente fue trasladada a Zacatecas para enfrentar el proceso penal 731/2020 por secuestro agravado. Desde septiembre de 2020 permaneció interna en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado llegó a solicitar una pena de hasta 90 años de prisión.
El caso ya contaba con antecedentes que apuntaban a graves irregularidades. En 2022, peritos del Tribunal Superior de Justicia emitieron un dictamen basado en el Protocolo de Estambul que concluyó que existían elementos para acreditar actos de tortura. Un año después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió una recomendación en la que documentó violaciones graves a sus garantías fundamentales durante la detención.
La resolución representa un giro definitivo en un caso que durante años fue señalado por organizaciones defensoras de derechos humanos como un ejemplo del uso de prácticas ilegales en la procuración de justicia y del impacto que la prisión preventiva prolongada puede tener en la vida de una persona aún sin sentencia.