Mariana LOVERA | Un grupo de abogados presentó ante el Congreso del Estado una denuncia de juicio político en contra de los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial del Estado de Tlaxcala, al considerar que incurrieron en presuntas violaciones a la Constitución local al tomar protesta y nombrar a jueces interinos sin contar con facultades legales para ello.
La denuncia fue recibida por la Oficialía de Partes del Poder Legislativo el pasado 25 de junio y va dirigida contra el presidente del Órgano de Administración Judicial, Sergio Pérez George, así como contra las consejeras y consejeros Sonia Lilian Rodríguez Becerra, Víctor Cosetl Flores, Ericka Hortensia Arenas Mendieta y Raymundo Amador García.
En el documento se argumenta que, durante una sesión extraordinaria celebrada el 17 de abril de 2026, el Órgano de Administración Judicial designó como jueces interinos a dos servidores públicos, Nancy Moreno y Aurelio Piantzi, para el Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, además de que el presidente del órgano les tomó protesta para asumir el cargo.
Los promoventes sostienen que dichas actuaciones contravienen la reforma constitucional publicada el 10 de diciembre de 2024, la cual establece que las juezas y jueces del Poder Judicial deben ser elegidos mediante voto libre, directo y secreto de la ciudadanía en las elecciones estatales correspondientes.
Asimismo, señalan que la Constitución Política del Estado únicamente faculta al Órgano de Administración Judicial para realizar funciones administrativas, de gestión y carrera judicial, sin otorgarle la atribución de nombrar jueces, facultad que, afirman, corresponde exclusivamente al Congreso del Estado en términos del artículo 54 de la Constitución local, que prevé la toma de protesta de juezas y jueces.
De acuerdo con la denuncia, la actuación de los integrantes del órgano habría generado una «crisis de constitucionalidad», al permitir que personas presuntamente designadas sin fundamento legal ejercieran funciones jurisdiccionales, lo que, a juicio de los promoventes, podría afectar la validez de las resoluciones emitidas y vulnerar el Estado de Derecho.
Incluso, el escrito refiere que la situación podría derivar en responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales, al citar el delito de ejercicio ilícito del servicio público previsto en el Código Penal del Estado, aunque aclara que dicha circunstancia deberá ser investigada por las autoridades competentes.
Como parte de las pruebas, los promoventes anexaron el comunicado oficial difundido por el Poder Judicial sobre los nombramientos, la reforma constitucional publicada en el Periódico Oficial del Estado y solicitaron al Congreso requerir copia certificada de las actas y nombramientos correspondientes.
En la parte final del escrito, se solicita al Congreso admitir la denuncia, integrar el procedimiento de juicio político y, en caso de acreditarse las presuntas responsabilidades, separar de sus cargos a los integrantes del Órgano de Administración Judicial e imponer las sanciones previstas en la ley.