Demian Márquez | Habitantes de Guadalupe Ixcotla se manifestaron para reiterar su rechazo al inicio de una obra que, aseguran, comenzó sin que existiera una consulta previa a la asamblea comunitaria, la cual consideran la máxima autoridad del pueblo.
Durante una conferencia de prensa, integrantes del comité de defensa señalaron que no se oponen al desarrollo, sino a que los proyectos se ejecuten sin informar ni tomar en cuenta la voluntad de la población.
Los representantes de la comunidad afirmaron que, hasta el momento, no conocen los permisos ni la documentación que autorice la construcción.
Sostuvieron que antes de iniciar cualquier proyecto de gran magnitud debieron presentarse estudios técnicos, ambientales y de impacto, además de respetar los procedimientos internos de la comunidad.
También solicitaron a la autoridad municipal actuar conforme a la legalidad y respaldar a los habitantes.
Los inconformes denunciaron que el operativo realizado para resguardar el arranque de la obra derivó en el uso de gas lacrimógeno y agresiones contra pobladores, entre ellos adultos mayores y jóvenes.
Aseguraron que varias personas resultaron lesionadas y responsabilizaron a funcionarios y mandos del operativo por cualquier situación que pudiera presentarse en contra de integrantes del movimiento.
Respecto al conflicto por la representación de la presidencia de comunidad, explicaron que aún no han sido notificados oficialmente sobre la resolución del Tribunal Electoral y defendieron que las decisiones tomadas por la asamblea se apegan a los usos y costumbres.
Argumentaron que la remoción del anterior presidente obedeció a la falta de rendición de cuentas y al incumplimiento de sus obligaciones ante la comunidad.
Durante la conferencia también rechazaron la versión oficial sobre las consultas ciudadanas realizadas para avalar el proyecto.
Afirmaron que las votaciones incluyeron personas ajenas a la comunidad y que existieron presuntas presiones y ofrecimientos de apoyos sociales para obtener respaldo a la obra, por lo que consideraron que dichos ejercicios carecen de legitimidad.
Al pronunciamiento se sumaron representantes de otras comunidades indígenas de Tlaxcala, quienes pidieron a los tres niveles de gobierno respetar el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación y a la consulta previa, conforme al artículo 2 de la Constitución.
Los participantes insistieron en que mantendrán las acciones legales y sociales necesarias para defender el predio, al sostener que fue destinado exclusivamente para actividades deportivas y forma parte del patrimonio de la comunidad.