La designación de José Alonso Trujillo Domínguez como titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado no puede analizarse únicamente como un relevo administrativo. Tampoco basta con presentar su experiencia profesional, desearle “éxito y suerte” y dar por cerrado un episodio que, hace apenas unos meses, el propio gobierno estatal consideró impropio y susceptible de investigación.
Porque hay una pregunta que nadie ha respondido con claridad: ¿qué garantías existen de que en la SEPE no repetirá lo que fue señalado de hacer en el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala?
En febrero de 2026, videos difundidos por este medio mostraron al entonces director general del COBAT dentro de instalaciones educativas, acompañado por personal directivo y administrativo, expresando respaldo a Alfonso Sánchez García, alcalde capitalino con licencia y aspirante político de Morena.
No se trataba de una reunión privada, de una convivencia familiar ni de una manifestación individual realizada fuera del horario de trabajo. Las imágenes fueron grabadas dentro de espacios públicos, con trabajadores de una institución educativa y en un contexto evidentemente político.
En aquel momento, el coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, no dudó en reprobar los hechos.
Dijo que “no es algo que se deba hacer”. Recordó que los servidores públicos no debían distraerse en actividades partidistas y sostuvo que quien deseara participar en política debía separarse del cargo. Incluso habló de la posible intervención de la Secretaría de la Función Pública o de la autoridad anticorrupción.
La postura parecía clara: las instituciones públicas no debían utilizarse para impulsar proyectos personales o aspiraciones electorales.
Cinco meses después, el discurso cambió.
Ahora se nos dice que Alonso Trujillo es “un buen perfil”, que realizó “un buen trabajo” en el COBAT y que las autoridades no encontraron elementos para determinar alguna irregularidad. Así, aquello que inicialmente merecía condena, investigación y deslinde terminó convertido en un antecedente irrelevante para entregarle una de las dependencias más importantes del estado.
La contradicción no es menor.
Si el gobierno concluyó que no existió falta alguna, tendría que explicar con transparencia qué se investigó, qué pruebas se analizaron, qué autoridad resolvió y bajo qué argumentos se determinó que utilizar instalaciones educativas y aparecer con personal subordinado en un mensaje de respaldo político no constituyó una conducta sancionable.
No basta con afirmar que el asunto “fue turnado” y que nadie encontró irregularidades. La rendición de cuentas no puede reducirse a una declaración verbal durante una conferencia.
Mucho menos cuando la persona cuestionada no fue retirada, sancionada ni llamada públicamente a explicar su conducta, sino promovida.
Porque eso fue lo que ocurrió: un ascenso.
José Alonso Trujillo pasó de dirigir el COBAT a encabezar la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, una estructura considerablemente mayor, con miles de trabajadores, amplios recursos públicos, presencia en todo el territorio estatal y capacidad de interlocución con maestras, maestros, directivos, sindicatos, estudiantes y madres y padres de familia.
Si desde un subsistema educativo se le señaló por involucrar instalaciones y personal en expresiones de respaldo político, ¿qué podría ocurrir ahora que tendrá a su alcance una estructura mucho más grande?
¿Quién nos garantiza que las oficinas, programas, eventos, escuelas y trabajadores de la SEPE no serán utilizados para favorecer las aspiraciones de Alfonso Sánchez García rumbo a 2027?
¿Quién vigilará que las reuniones institucionales no se conviertan en encuentros de operación política?
¿Quién impedirá que la estructura educativa sea utilizada para promover lealtades, movilizar personal o construir simpatías electorales?
Y, sobre todo, ¿quién investigará si la autoridad encargada de hacerlo ya decidió que lo ocurrido anteriormente no fue relevante?
Homero Meneses Hernández, antes de dejar el cargo, evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos. Se limitó a reconocer la trayectoria de su sucesor y sostuvo que no le correspondía determinar si existieron irregularidades.
Puede tener razón desde el punto de vista formal. Pero políticamente, el silencio también comunica.
Mientras unos dicen que no les corresponde investigar y otros aseguran que ya se investigó, pero no muestran resultados, el funcionario señalado avanzando en la estructura gubernamental. La responsabilidad se diluye entre dependencias, declaraciones y expedientes reservados, mientras el premio político permanece a la vista de todos.
El caso también dejó otra paradoja.
Cuando La Bestia Política documentó y cuestionó los videos, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ordenó retirar publicaciones periodísticas. Estr medio que exhibió la posible irregularidad fue objeto de medidas cautelares, mientras que el funcionario protagonista de las imágenes permaneció en el cargo.
Después, el Tribunal Electoral de Tlaxcala reconoció que aquellas publicaciones formaban parte del ejercicio periodístico y revocó parcialmente la determinación del ITE, al considerar que la libertad de expresión y el derecho a la información cuentan con una protección especial.
El tiempo terminó confirmando algo elemental: el problema no era que un medio hiciera preguntas. El problema eran los hechos que motivaron esas preguntas.
Sin embargo, hoy parece que la consecuencia fue exactamente al revés. El medio tuvo que defenderse ante tribunales y el funcionario cuestionado recibió una Secretaría.
No se trata de negar la experiencia profesional de Alonso Trujillo ni de condenarlo anticipadamente. Se trata de exigir que un nombramiento de esta magnitud venga acompañado de respuestas, controles y compromisos públicos.
La gobernadora Lorena Cuéllar tiene la facultad de nombrar a sus colaboradores, pero esa facultad no elimina la obligación de explicar por qué decidió colocar al frente de la educación estatal a una persona que fue señalada por involucrar una institución educativa en expresiones de respaldo político.
El gobierno estatal insiste en que la SEPE debe mantener la continuidad de sus proyectos. Ojalá esa continuidad sea educativa y no electoral.
Porque las escuelas no son comités de campaña. Los docentes no son operadores políticos. El personal administrativo no es una estructura de movilización. Los recursos educativos no deben utilizarse para fabricar candidaturas.
La llegada de Alonso Trujillo a la SEPE no borra las imágenes del COBAT. Por el contrario, las vuelve todavía más relevantes.
Hoy tiene más personal, más recursos, más territorio y más poder.
Y si antes nadie quiso asumir la responsabilidad de investigar a fondo, la pregunta permanece abierta y adquiere una dimensión mucho más grave:
¿Quién nos dice que no hará lo mismo?
Porque cuando un señalamiento no se aclara y, en lugar de consecuencias, llega un ascenso, el mensaje resulta peligroso: la utilización política de las instituciones no se castiga; se premia.
Se lo digo así, sin maquillaje y sin retoques.
