Mariana LOVERA | Aunque 94 comunidades tlaxcaltecas mantienen formas propias de organización y resolución de conflictos, sus autoridades todavía enfrentan dificultades para que sus determinaciones sean reconocidas por tribunales e instituciones del Estado.
Esta problemática fue expuesta durante los 10.º Diálogos entre Justicias, realizados en Panotla con la participación de representantes comunitarios, especialistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridades estatales y personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el encuentro, autoridades de comunidades ubicadas en Totolac, Tepeyanco, Hueyotlipan, Panotla y Chiautempan explicaron cómo funcionan sus normas internas, de qué manera atienden los conflictos locales y cuáles son los principales obstáculos para coordinar sus decisiones con el sistema judicial convencional.
El debate dejó al descubierto una de las principales demandas de los pueblos originarios: dejar de ser considerados únicamente como destinatarios de políticas públicas y participar directamente en la construcción de los mecanismos que regulan su relación con las instituciones.
Víctor Leonel Juan Martínez, responsable de la Dirección General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la SCJN, señaló que el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural no ha sido suficiente para modificar la actuación cotidiana de las autoridades, donde todavía persiste una visión que coloca a la justicia estatal por encima de los sistemas comunitarios.
La presidenta de la CEDHT, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, sostuvo que las mesas de análisis deben convertirse en una ruta permanente de diálogo, con acuerdos que permitan atender las diferencias entre ambos modelos de justicia y evitar que las decisiones comunitarias sean ignoradas.
Durante las intervenciones también se planteó que la autonomía de las comunidades debe ir acompañada de una mayor participación de las mujeres. La ONU-DH llamó a incorporar la perspectiva de género en los procesos de representación, deliberación y resolución de conflictos, para garantizar condiciones equitativas dentro de las propias estructuras comunitarias.
Representantes de las comunidades ahí representadas, insistieron en que la población debe conocer los derechos de libre determinación reconocidos en el artículo segundo constitucional, pues el desconocimiento limita la defensa de sus formas de organización.
Como resultado de los trabajos, se prevé avanzar en la elaboración de un protocolo que establezca reglas claras de coordinación entre autoridades comunitarias, tribunales y dependencias públicas.
El reto, coincidieron los participantes, no consiste en enfrentar dos modelos de justicia, sino en construir una relación donde las normas comunitarias sean escuchadas, respetadas y consideradas dentro de la vida institucional del estado.
