- La arquitecta, cuya identidad será reservada, acusa a Azaín Ávalos Marbán de incumplir un acuerdo relacionado con la campaña de 2024; además, señala posible falsificación de firmas, presunto direccionamiento de obras y violencia laboral y de género.
Mariana LOVERA// Una arquitecta que aseguró haberse desempeñado como directora y posteriormente subdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Apetatitlán hizo una denuncia pública ante «La Bestia Política» contra el presidente municipal, Azaín Ávalos Marbán, a quien exige la devolución de al menos 341 mil 847 pesos.
La identidad de la denunciante será reservada por razones de seguridad. Durante la entrevista, mostró mensajes, documentos, expedientes, firmas y comprobantes relacionados con sus señalamientos, cuya autenticidad y alcance deberán ser revisados por las autoridades correspondientes.
De acuerdo con su testimonio, el acercamiento con Azaín Ávalos comenzó desde su primera candidatura en 2021 y se retomó durante el proceso electoral de 2024, cuando presuntamente fue requerida para apoyar en la campaña con trabajos de fresado, rastreo y nivelación en calles de San Matías Tepetomatitlán y Belén Atzitzimititlán.
La denunciante aseguró que estas intervenciones fueron financiadas con recursos propios y formaban parte de un acuerdo mediante el cual se le habría ofrecido encabezar la Dirección de Obras Públicas en caso de que Ávalos Marbán ganara la elección.
También señaló que, días antes de la jornada electoral, el entonces candidato le habría solicitado 150 mil pesos para la operación de las elecciones. Según su versión, únicamente entregó 100 mil pesos en efectivo, dentro de un sobre amarillo y directamente en el domicilio del hoy alcalde.
Tras el triunfo electoral, afirmó que fue nombrada directora de Obras Públicas a partir del 1 de septiembre de 2024. Sin embargo, sostuvo que el acuerdo no se cumplió completamente, pues antes de concluir su primer año fue removida de la dirección y colocada como subdirectora.
La relación de gastos presentada por la denunciante incluye:
Apoyo para el día de las elecciones: 100 mil pesos.
Trabajos en calles de Belén y San Matías: 218 mil 747.50 pesos.
Concursos para licitaciones: 15 mil pesos
Cursos para Director Responsable de Obra (DRO): 5 mil 500 pesos.
Trámite de DRO: 2 mil 600 pesos
El documento establece un total de 341 mil 847.50 pesos. No obstante, durante la entrevista estimó que la deuda podría ubicarse entre 350 mil y 400 mil pesos, al considerar una quincena pendiente y las aportaciones de dos mil pesos que, aseguró, entregaba periódicamente de su salario, y que eran solicitados por el mismo Alcalde para entregarlos a su esposa como sueldo, ya que no recibía remuneración por su puesto como presidenta honorífica del DIF municipal.
La excolaboradora relató que los conflictos comenzaron cuando se negó a autorizar o considerar empresas que presuntamente no cumplían con requisitos indispensables, como estar inscritas en el padrón correspondiente o presentar la documentación requerida para participar en procedimientos de obra pública.
Según su versión, recibió indicaciones para trabajar con contratistas cercanos al círculo del presidente municipal. Incluso sostuvo que algunas empresas serían manejadas mediante prestanombres vinculados con el propio alcalde, familiares y colaboradores.
La denunciante afirmó que su postura no era impedir la participación de dichas compañías, sino exigirles que cumplieran con los lineamientos solicitados por las autoridades fiscalizadoras.
Después de estas diferencias, aseguró que comenzó a enfrentar restricciones dentro de la dependencia: falta de personal, negativa para proporcionarle papelería, computadoras, impresoras, tinta y otros instrumentos necesarios para integrar los expedientes, posteriormente fue destituida de la dirección, para ser nombrada como subdirectora.
En contraste, afirmó que, tras la llegada de Juan Antonio Romero López a la Dirección de Obras Públicas, se le proporcionaron equipos, personal y materiales a los pocos días de asumir el cargo.
Uno de los señalamientos más delicados se relaciona con la presunta falsificación de firmas en documentos utilizados para integrar expedientes de obras y concursos municipales.
La denunciante aseguró que tuvo acceso a documentos originales que permitirían comparar las firmas auténticas de representantes de empresas con aquellas colocadas en diversos expedientes.
De acuerdo con su testimonio, Efrén Conde Serrano, a quien identificó como director de Servicios Municipales, habría realizado algunas de las firmas, mientras que el director de Obras Públicas, Juan Antonio Romero López, presuntamente tenía conocimiento de estas prácticas.
La arquitecta aclaró que desconoce si existió una instrucción directa del presidente municipal para falsificar documentos; sin embargo, solicitó que se investigue quién elaboró, autorizó y presentó esos expedientes ante el Órgano de Fiscalización Superior.
También pidió revisar si las empresas que aparecen como ejecutoras realizaron efectivamente los trabajos o si, como ella sostiene, algunas obras fueron desarrolladas por personal vinculado directamente con funcionarios municipales.
La mujer también acusó haber sido víctima de hostigamiento laboral, discriminación y violencia de género durante su permanencia en el Ayuntamiento.
Relató que, cuando todavía era directora de Obras Públicas, fue citada aproximadamente a las 23:00 horas en la presidencia municipal para revisar los expedientes a su cargo. La reunión, en la que afirmó haber sido la única mujer frente a varios hombres, concluyó alrededor de la una de la mañana.
Aseguró que durante esa reunión fue tratada como si hubiera cometido alguna irregularidad, pese a que previamente le habían retirado personal y herramientas necesarias para concluir las carpetas de obra.
La denunciante consideró que fue expuesta innecesariamente por el horario y que, al finalizar, no se le ofreció acompañamiento para trasladarse de manera segura a su domicilio.
Asimismo, señaló que le fueron retenidas dos quincenas sin recibir una explicación clara por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, la Sindicatura o la Tesorería. Posteriormente, únicamente habría recibido el pago de una de ellas.
Indicó que dejó de presentarse a trabajar a finales de abril, después de sufrir problemas de salud que atribuyó al estrés y al ambiente laboral. Afirmó que nunca firmó una renuncia ni recibió formalmente información sobre la terminación de su relación laboral.
La denunciante pidió al presidente municipal cumplir el acuerdo que, asegura, sostuvieron desde la campaña y devolverle el dinero invertido en trabajos, operación electoral, cursos y trámites.
También solicitó la intervención de las autoridades competentes para revisar los procedimientos de contratación de obra pública, la integración de expedientes, la posible falsificación de firmas, el uso de recursos municipales para capacitaciones y los actos que considera constitutivos de violencia laboral y de género.
Los hechos narrados corresponden al testimonio de la denunciante y no representan, por sí mismos, una determinación de responsabilidad administrativa o penal. Corresponderá a las autoridades comprobar la autenticidad de los documentos, investigar los señalamientos y establecer si existieron irregularidades.
«La Bestia Política» mantiene abierto el espacio para que el presidente municipal de Apetatitlán, los funcionarios mencionados y el Ayuntamiento ejerzan su derecho de réplica y presenten la documentación o aclaraciones que consideren pertinentes.