La Bestia Política

Antonio Martínez rechaza censura en la SSC; Senadora revela investigación contra elemento por compartir información contraria a la disciplina policial.

Mariana LOVERA | Antonio Martínez Velázquez rechazó que la investigación administrativa iniciada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) contra el delegado de Policía y Tránsito, José Enrique N., represente un acto de censura o persecución, aunque reconoció que no conoce a detalle el expediente ni las circunstancias específicas del caso.

La postura surgió después de que la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca difundiera un video desde el Senado de la República para denunciar que el elemento policiaco enfrenta un procedimiento interno presuntamente por compartir publicaciones en redes sociales críticas hacia la institución.

De acuerdo con la carátula de la carpeta administrativa, fechada el 18 de mayo de 2026, el procedimiento fue iniciado por Miguel Ángel Chavarría Mejía, director de Inteligencia para la Prevención de la SSC.

El documento identifica como presunto infractor a José Enrique N., delegado de Policía y Tránsito adscrito a la Ayudantía General de la dependencia.

Como hecho infractor, la Unidad de Asuntos Internos señala que el policía habría propagado en redes sociales y medios electrónicos públicos “información no fidedigna, rumores falsos, ideas y principios contrarios a la disciplina policial”, además de presuntamente denigrar a la SSC y a sus integrantes.

En su pronunciamiento, Anabell Ávalos cuestionó que compartir o replicar información en redes sociales pueda convertirse en motivo para iniciar un procedimiento administrativo.

“¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Por retuitear alguna información es un delito?”, preguntó la legisladora, quien exigió garantías para el elemento y para otros policías que, afirmó, han sido afectados por decisiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La senadora sostuvo que José Enrique N. permanece suspendido desde hace aproximadamente un año y medio y que ha recurrido a diferentes procedimientos legales para defender su plaza.

También aseguró que el policía habría ganado diversos amparos y acusó que la nueva carpeta administrativa podría formar parte de un intento por separarlo definitivamente de la corporación. Estas afirmaciones corresponden a la versión expresada por la legisladora y deberán ser aclaradas por la dependencia estatal.

*** Antonio Martínez responde con críticas al PRI

Antes de abordar directamente el expediente, Antonio Martínez cuestionó la trayectoria histórica del Partido Revolucionario Institucional en materia de libertad de expresión.

Recordó episodios de censura y represión ocurridos durante gobiernos priistas, entre ellos el conflicto del periódico Excélsior, los acontecimientos de 1968 y el asesinato del periodista Manuel Buendía.

“Al PRI no le da para hablar de libertad de expresión por su propia historia política”, sostuvo, al señalar que la senadora pertenece a ese partido.

Posteriormente, argumentó que los integrantes de las corporaciones policiacas están sujetos a códigos de ética, honor y conducta más estrictos que los aplicables a otros servidores públicos.

Según su interpretación, estos lineamientos podrían impedir que un policía difunda información considerada falsa o que afecte la imagen de la institución a la que pertenece.

“Entiendo que tienen un código de conducta específico y que establece, entre otras cosas, no propagar desinformación precisamente por su investidura como elementos de seguridad”, manifestó.
Martínez Velázquez afirmó que, bajo esas reglas, la apertura de una investigación no necesariamente constituiría censura, sino una controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones internas de la corporación.

No obstante, admitió que su respuesta partía de una explicación general y que todavía tendría que investigar más sobre el expediente.

El funcionario comparó el caso con los convenios de confidencialidad que pueden firmar integrantes del Ejército o de instituciones de seguridad. Sin embargo, durante su respuesta no señaló una disposición concreta que prohíba compartir publicaciones periodísticas ni confirmó que el elemento hubiera firmado algún acuerdo de esa naturaleza.

“Si trabajas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hay una nota crítica sobre la institución, yo la verdad no la compartiría”, expresó.

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