- El coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala advirtió que una eventual represalia contra el periodista involucrado en la reciente polémica con uan regidora de Apizaco sería un hecho “grave y preocupante”.
Mariana LOVERA | “La obligación de un funcionario público es informar, siempre y en todas las circunstancias”, afirmó el coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, al referirse a la polémica generada en Apizaco, luego de que una regidora acusara de presunto acoso a un reportero que insistía en realizarle una entrevista.
Durante el Diálogo Circular, el vocero estatal sostuvo que las y los servidores públicos pueden decidir no conceder una entrevista por cuestiones de agenda, formato o cualquier otra circunstancia; sin embargo, aclaró que esto no los exime de mantener informada a la ciudadanía.
Explicó que las dependencias y autoridades cuentan con diferentes mecanismos para cumplir con esta responsabilidad, como entrevistas, conferencias de prensa, boletines, tarjetas informativas, comunicados oficiales o respuestas por escrito.
“Los servidores públicos tenemos la obligación de informar. No necesariamente a través de entrevistas; lo podemos hacer mediante tarjetas informativas, boletines o conferencias de prensa, pero sí existe una obligación evidente de informar”, señaló.
Martínez Velázquez destacó que el acceso a la información forma parte del derecho a la libertad de expresión, pues permite que la ciudadanía construya una opinión informada sobre los asuntos públicos.
“¿Cómo la ciudadanía puede tener una opinión informada o la libertad de expresarse si no tiene acceso a la información? Esa es una garantía que tiene que hacer efectiva el Estado para todas y todos”, expresó.
Sobre el caso ocurrido en Apizaco, reconoció que las autoridades municipales tienen derecho a decidir si conceden o no una entrevista, pero insistió en que deben establecer canales de comunicación que permitan responder las preguntas de los medios y atender el derecho de la población a conocer información de interés público.
En ese sentido, hizo un llamado respetuoso a la regidora involucrada para mantener una mayor apertura con la prensa y, en caso de no sentirse cómoda con entrevistas improvisadas, recurrir a otros formatos para responder los cuestionamientos.
“Puede ser una conferencia, una tarjeta informativa o que le pidan al periodista las preguntas. La obligación de informar no se nos puede quitar jamás”, enfatizó.
El funcionario estatal también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el incidente tenga repercusiones en el trabajo del reportero.
“Ojalá no tenga repercusiones en el trabajo periodístico. Si esto representa una represalia por parte del municipio contra un periodista, sería muy preocupante; ya estaríamos hablando de otro tema muy grave y delicado”, advirtió.
Finalmente, Martínez Velázquez aseguró que el tema de la comunicación fue abordado durante la Junta de Gabinete, donde recordó a las y los titulares de las dependencias estatales que tienen el deber de informar diariamente sobre las acciones de sus instituciones.
Agregó que la Coordinación de Comunicación está disponible para apoyar a aquellos funcionarios que no se sientan preparados para interactuar directamente con los medios de comunicación.
“La información de las dependencias es pública y tiene que ser pública. Tenemos la obligación de transmitirla, no solamente a los periodistas, sino directamente a la ciudadanía. De esa responsabilidad no podemos escapar”, concluyó.