- Tres diputadas señaladas por usurpación, vacíos legales que blindan la simulación y una comunidad LGBTTTIQA+ que exige ser escuchada.
- El ITE abre la consulta más importante de la última década electoral en Tlaxcala.
Demian Márquez | En la antesala de un proceso electoral, la pregunta que divide a la comunidad LGBTTTIQA+ de Tlaxcala no es si deben existir acciones afirmativas, sino el cómo garantizar que los espacios reservados para la diversidad sexual sean ocupados por quienes realmente pertenecen a ella.
Con las elecciones del 2027, esa pregunta ya no puede ser retórica, por lo que ha sido abordada a través de foros, mesas de diálogo, propuestas de reforma y un proceso de consulta sin precedente impulsado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
En todo este proceso resaltaron señalamientos de una comunidad que exige que sus espacios políticos no se conviertan en puertas traseras, haciendo que la identidad sexual pueda convertirse en un recurso electoral sin mayores consecuencias legales.
Esto se vería más a detalle cuando la población LGBTTTIQA+ evidenció que diversos candidatos y ahora funcionarios públicos, no tenían vínculo alguno con la comunidad ni con su agenda de derechos.
Pese a esto, el ITE se vió rebasado puesto que los partidos políticos contaron con el principio de buena fe, como resultado, de acuerdo con declaraciones de miembros de la población, fue que al menos tres personas que no pertenecen a la diversidad sexual llegaron al Congreso local mediante espacios destinados a ese sector.
Tres curules que debían representar décadas de lucha quedaron, según estos señalamientos, en manos equivocadas.
Los señalamientos tienen nombres y apellidos, Madaí Pérez Carrillo, reconocida exmaratonista olímpica y extitular del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), aseguran que accedió a una curul bajo las siglas de Morena a través de las acciones afirmativas de la diversidad sexual.
Así como María Aurora Villeda Temoltzin, actual dirigente del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), y Soraya Noemí Bocardo Phillips quién participó en las elecciones arropada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pero actualmente se encuentra como legisladora independiente, también habría llegado al Congreso local por esa vía.
Colectivos y activistas argumentaron que las tres legisladoras pertenecen a perfiles cisgénero y heterosexuales, con trayectorias públicas ajenas a las vivencias, problemáticas y agendas de lucha de la comunidad LGBTTTIQA+ en Tlaxcala.
Es aquí, dónde se encuentra el nudo jurídico que tiene atadas de manos a las distintas autoridades electorales, ya que desde un marco legal, no es posible obligar a nadie a probar su sexualidad o identidad sin violar el derecho constitucional a la privacidad y al libre desarrollo de la personalidad.
Al prevalecer el principio de buena fe de la firma bajo protesta de decir verdad, las presuntas usurpaciones quedaron legalmente impunes, lo que alimenta la discusión sobre cómo deben reformarse las reglas de cara a 2027.
Lo que sí está documentado es la arquitectura de vacíos legales que hace posible la simulación.
Se identifican al menos cinco, el primero y más crítico es el abuso de la autoadscripción simple: para registrar una candidatura bajo la cuota de diversidad sexual basta firmar una carta bajo protesta de decir verdad, lo que los partidos aprovechan para postular personas ajenas a la comunidad sin consecuencias inmediatas.
El segundo es la ausencia de autoadscripción calificada para la diversidad sexual: a diferencia de las comunidades indígenas, donde la ley electoral exige demostrar vínculo comunitario, para la población LGBTTTIQA+ no existe un marco legal que delimite cómo acreditar esa pertenencia sin vulnerar la privacidad.
El tercero es la falta de sanciones severas: la legislación vigente no contempla la pérdida automática del registro ni multas significativas para los partidos que incurran en simulación, lo que vuelve políticamente rentable postular candidatos falsos.
El cuarto es que las cuotas no tienen rango de ley: dependen de acuerdos temporales del ITE que pueden variar cada tres años, obligando a los colectivos a litigar proceso tras proceso para mantener los espacios ganados.
El quinto, frecuentemente ignorado, afecta a las identidades no binarias e intersex: el sistema de paridad tradicional no está armonizado para incluirlas de forma institucional, y sus candidaturas navegan en un territorio de indefinición normativa.
Ante este panorama, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones decidió actuar antes de que la historia se repita, siendo así que el 24 de marzo de 2026, el Consejo General aprobó por unanimidad, con los votos del consejero presidente Emmanuel Ávila González y las consejerías Janet Cervantes Ahuatzi, Yedith Martínez Pinillo, Hermenegildo Neria Carreño, Anakaren Monserrat Rojas Cuautle y Brenda Fernanda Barrón Rugerio, realizar consultas dirigidas a grupos de atención prioritaria: personas indígenas, con discapacidad, migrantes y población LGBTTTIQA+, con el objetivo expreso de rediseñar las acciones afirmativas para el próximo proceso electoral.
La consulta dirigida a las poblaciones LGBTTTIQA+ se estructuró en torno a tres ejes temáticos.
El primero busca evaluar el impacto de las acciones afirmativas del proceso 2023-2024.
El segundo, y más debatido, aborda la autodeterminación y autoadscripción: ¿Debe mantenerse la autoadscripción simple o transitarse hacia una calificada que exija demostrar un vínculo real con la comunidad?
El tercero se enfoca en los mecanismos concretos de verificación, es decir, cómo acreditar esa pertenencia sin vulnerar derechos ni generar discriminación. «Lo que buscamos es recibir de quienes forman parte de estas poblaciones sus propuestas, sus opiniones, porque al final de cuentas la acción afirmativa va a incidir en ese grupo», explicó la consejera Yedith Martínez Pinillo en el podcast “En Corto» del ITE.
Es así que el proceso metodológico fue diseñado con múltiples actores: el ITE como autoridad responsable, la Secretaría de Cultura, a través de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual (OADS), como órgano técnico, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) como órgano garante.
La etapa informativa se desarrolló entre abril y mayo de 2026 mediante un foro virtual y seis foros presenciales en Tlaxcala, Chiautempan, Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Papalotla y San Pablo del Monte. La etapa consultiva, a través de un cuestionario digital anónimo disponible en itetlax.org.mx, operó de abril a junio.
Los resultados deberán sistematizarse y presentarse en julio de 2026.
El sustento de la consulta es tanto jurídico como demográfico, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 62 mil 685 personas en Tlaxcala se identifican como parte de las poblaciones LGBTTTIQA+, lo que representa el 6.1 por ciento de la población estatal de 15 años y más.
Durante los foros, la comunidad dejó en claro que la disposición institucional a escuchar no basta por sí sola.
Asistentes cuestionaron la metodología del cuestionario presentado por el ITE, considerando que algunas preguntas podrían inducir respuestas o resultar poco claras para personas sin formación electoral.
Se advirtió también que el acceso limitado a las sedes podría excluir a sectores con barreras económicas o geográficas, por lo que los participantes insistieron en la necesidad de criterios más estrictos para validar las candidaturas, luego de que en el proceso anterior se detectaran tres presuntos casos de supuesta usurpación de espacios destinados a la diversidad sexual.
En ese sentido el ITE reconoció la existencia de áreas de mejora y subrayó el carácter inédito del ejercicio, pidiendo apoyo para la atención de estos señalamientos.
Mientras el ITE desarrollaba sus foros, la presión también llegó al Poder Legislativo, luego que Antonio Escobar Muñoz, director del Programa de VIH y Derechos Humanos del Colectivo LGBTTTI+ Tlaxcala, presentó ante la LXV Legislatura una propuesta de reforma electoral.
De acuerdo con información de La Jornada de Oriente, dicha iniciativa exige incorporar de manera integral a los cinco grupos de atención prioritaria dentro de las reglas electorales: personas indígenas y pueblos originarios, población migrante, comunidad LGBT+, personas afrodescendientes y personas con discapacidad.
«Lo que estamos diciendo es que deben incluirse los cinco grupos y no solo uno, porque todos enfrentan condiciones históricas de exclusión política y social», sostuvo.
El activista denunció de nueva cuenta pero sin mencionar nombres, que al menos tres integrantes del Congreso del estado habrían llegado a una curul mediante la usurpación de espacios destinados a la diversidad sexual.
El centro de su propuesta es la autoadscripción calificada: que organizaciones o colectivos con al menos dos años de antigüedad puedan emitir constancias que acrediten que una persona forma parte de la diversidad sexual y mantiene trabajo permanente en favor de ese sector.
Los aspirantes deberían además demostrar actividades comprobables en los últimos dos años, ya sea desde el ámbito académico, de investigación, capacitación, derechos humanos o acompañamiento comunitario.
«No pretendemos vulnerar el libre desarrollo de la personalidad, particularmente en el caso de personas trans o no binarias, pero sí queremos evitar la simulación», explicó.
«Tendría que acreditarse trabajo real en favor de la diversidad sexual y no únicamente una manifestación personal utilizada de manera oportunista para acceder a una candidatura.»
El otro eje de la propuesta toca el tema económico, señaló que durante el proceso electoral 2023-2024, algunos candidatos de acciones afirmativas recibieron montos de hasta 8 mil pesos para hacer campaña.
Escobar propone que al menos el cinco por ciento del financiamiento electoral de los partidos sea etiquetado específicamente para candidaturas afirmativas, destinado exclusivamente a actividades de campaña, sin que los partidos puedan absorberlo en gastos administrativos o de operación interna.
La falta de apoyo real de los partidos políticos, fue ratificado en una mesa de diálogo en La Bestia Política, dónde integrantes de Morena Diversidad Tlaxcala describieron una realidad incómoda para su propio instituto político.
Annel Hernández comentó que la comunidad es convocada principalmente en periodos electorales para cumplir con cuotas de representación, sin que exista trabajo constante ni seguimiento.
«Se nos llama solo cuando se necesita cubrir espacios; fuera de eso, no hay seguimiento ni inclusión en las actividades partidistas», expuso, señalando que esta práctica se repite en distintas fuerzas políticas.
Por su parte, Juan Pluma Alvarado añadió que los cargos dentro de las áreas de diversidad son en muchos casos honoríficos, lo que obliga a financiar las actividades con recursos personales o del propio activismo.
Ambos coincidieron en que la ausencia de capacitación y formación de cuadros dentro de los propios partidos favorece la improvisación y facilita la simulación, señalaron además que los mecanismos de afiliación partidista ni siquiera contemplan la identidad no binaria ni registran datos que permitan identificar a personas de la diversidad sexual, lo que complica la construcción de estadísticas y políticas internas incluyentes.
En ese mismo espacio de diálogo, Gigi Grande, primera mujer trans en integrarse formalmente al actual gobierno estatal, dentro de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, y reconocida como Mujer Trans del Año en la Cámara de Diputados en febrero de 2026, lanzó una crítica que no dejó espacio para la ambigüedad.
Señaló que los partidos políticos recurren a estereotipos para aparentar inclusión en lugar de respaldar a perfiles preparados, y que la participación política de la comunidad se ha convertido en lo que ella misma llamó un «circo», donde se privilegia lo llamativo sobre la capacidad.
Relató que en procesos pasados algunos partidos intentaron registrar a hombres que se asumían como mujeres únicamente para cumplir con cuotas, lo que calificó como una falta de respeto a la lucha histórica de la comunidad.
«Son espacios diseñados para quienes realmente han vivido estas realidades, no para quien quiera aprovecharlos», sostuvo.
La pregunta clave sería ¿Es posible combatir la simulación sin caer en la discriminación?, la respuesta vendría fuera de Tlaxcala, en los estados de Nayarit y Aguascalientes.
En Nayarit, el Instituto Estatal Electoral (IEEN), con respaldo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), implementó una transición hacia la autoadscripción calificada que se ha convertido en referente nacional.
El sistema exige constancias de activismo que documenten participación activa en colectivos de derechos de la diversidad, pruebas de trabajo comunitario como organización de foros, talleres, marchas y cartas avaladas por asociaciones civiles formalmente constituidas.
El marco contempla además un principio de reversibilidad bajo sospecha: ante una impugnación fundada, los colectivos civiles pueden solicitar la revisión de los registros.
Las sanciones son directas: si una impugnación demuestra falsedad, el IEEN retira el registro a la fórmula completa y el partido infractor pierde el derecho a registrar un sustituto, la conducta incluso puede derivar además en consecuencias penales por falsedad ante la autoridad electoral.
Para los colectivos tlaxcaltecas, Nayarit demuestra que existen alternativas para fortalecer la autenticidad de las candidaturas sin eliminar los derechos de autodeterminación, aunque advierten que cualquier mecanismo importado debe ser cuidadosamente adaptado para evitar convertirse en herramienta de exclusión.
Mientras que en el caso de Aguascalientes con Salma Luévano Luna, se ejemplificaría de forma clara, lo que los activistas locales describen cuando hablan de representación política legítima de la diversidad sexual.
Activista trans, exestilista y empresaria en Aguascalientes, fue en 2019 la primera mujer trans en México en competir por una presidencia municipal, dos años después fue electa diputada federal por la vía plurinominal, convirtiéndose en una de las primeras mujeres trans en integrar la Cámara de Diputados y posicionándose como una de las voces más visibles de Morena en temas de inclusión y derechos humanos.
Quién actualmente renunció a su cargo en la Secretaría de Economía federal para registrarse como aspirante a la coordinación estatal de Morena en Aguascalientes de cara a 2027, en un proceso que eventualmente podría convertirse en candidatura a la gubernatura.
Su trayectoria representaría el tipo de perfil que activistas como Escobar Muñoz o Gigi Grande e integrantes de la diversidad reclaman para las candidaturas afirmativas en Tlaxcala: alguien con historia comprobable dentro de la lucha por los derechos de la diversidad sexual, visibilidad dentro de la comunidad y una agenda clara en materia de inclusión y no como alguien que usa la identidad como recurso electoral de último momento.
Mientras tanto, desde el ámbito institucional, el presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, ha optado por un tono moderado ante este panorama, en una entrevista para La Bestia Política, aseguró que el instituto avanza conforme a los tiempos previstos y que Tlaxcala todavía cuenta con margen suficiente para construir reglas claras.
Sobre la posibilidad de una reforma electoral, confió en que existe tiempo para concretarla, y respecto a las demandas de los colectivos, fue cuidadoso en sus declaraciones.
«Precisamente las consultas servirán para definir qué tipo de mecanismos deben aplicarse, ya sea mediante autoadscripción simple o procesos más estrictos de validación”, afirmando que el Consejo General no puede imponer criterios sin escuchar previamente a las poblaciones involucradas.
Recalcando que el reto del instituto será traducir las propuestas ciudadanas en lineamientos sólidos y funcionales que permitan fortalecer la inclusión política en el estado, sin vulnerar derechos ni generar restricciones que puedan ser consideradas discriminatorias o inconstitucionales.
Sin embargo, el proceso de consulta impulsado por el ITE deja al mismo tiempo, algunas interrogantes que serán determinantes para el proceso electoral de 2027.
Una de las más delicadas sería, ¿Respaldaría formalmente el ITE la transición hacia la autoadscripción calificada de ser aceptada por la población LGBTTTIQA una vez concluidas las consultas, o los resultados quedarán archivados?, ¿Qué mecanismos de verificación específicos adoptará el ITE y qué sanciones enfrentarán los partidos que simulen, más allá de los lineamientos temporales que ya han demostrado ser insuficientes?, ¿Elevará la LXV Legislatura las acciones afirmativas a rango de ley, o Tlaxcala llegará a 2027 con las mismas reglas frágiles y temporales que permitieron la simulación en procesos anteriores?
Las respuestas a esas preguntas determinarán si el proceso consultivo en la entidad se traduce en reglas realmente más sólidas o si, como en procesos anteriores, los vacíos normativos seguirán siendo la ruta de acceso para la simulación.
Las propuestas están sobre la mesa, autoadscripción calificada, financiamiento etiquetado, inclusión de los cinco grupos prioritarios en la ley, sanciones con consecuencias reales, pero las propuestas no bastan por sí solas.
Lo que determinará el rumbo de 2027 es si la LXV Legislatura tiene la voluntad de convertirlas en ley, si el ITE tiene la firmeza de aplicar lineamientos más estrictos y si los partidos políticos asumen que la inclusión no es una cuota que cumplir, sino una deuda histórica que saldar.