- Antonio Martínez Velázquez sostuvo que la propuesta no pretende censurar a los medios, sino generar mecanismos para que asuman responsabilidad ante contenidos falsos, descontextualizados o presentados fuera de tiempo.
Mariana LOVERA | El vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, expresó el respaldo de la administración estatal a la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que busca atender la desinformación sin intervenir en la libertad editorial de los medios de comunicación.
Durante los Diálogos Circulares, señaló que : “Los medios públicos son de la sociedad y su línea editorial debe responder no al gobierno, sino a la sociedad; también son sujetos de esta regulación”.
Martínez Velázquez recordó que medios como Canal 22, Canal 11, Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Radio han contado desde hace años con defensorías de las audiencias, por lo que, aseguró, los medios públicos han sido pioneros en la implementación de mecanismos de protección y atención ciudadana.
El funcionario explicó que la propuesta, que será sometida a consulta, deriva de la legislación federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual, según indicó, fue respaldada en el Congreso de la Unión por distintas fuerzas políticas.
Añadió que en la elaboración de la ley participaron representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, así como organizaciones vinculadas con radios comunitarias y otros actores del sector.
Uno de los puntos centrales, destacó, se encuentra en el artículo 12 de la propuesta, que establece que los concesionarios deberán adoptar medidas para evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o de hechos históricos presentados como actuales.
Como ejemplo, mencionó la difusión de imágenes de desastres naturales ocurridos en otros países que posteriormente son presentadas como si correspondieran a un huracán en México, así como videos de ataques con drones en Medio Oriente utilizados para ilustrar hechos ocurridos en Culiacán.
Afirmó que este tipo de prácticas coloca a las audiencias en una posición de vulnerabilidad, pues muchas personas no cuentan con los elementos necesarios para verificar el origen o la fecha de las imágenes.
Martínez Velázquez sostuvo que los lineamientos parten, en primera instancia, de la autorregulación de los medios mediante sus códigos de ética y manuales editoriales.
Consideró que los propios medios deben asumir la responsabilidad de corregir información cuando se demuestra que es falsa, en lugar de mantener titulares o contenidos inexactos para conservar visitas, reacciones o alcance.
Para ejemplificarlo, recordó el caso de un medio que informó sobre un supuesto “hallazgo macabro” en Tepeyanco, pese a que posteriormente se confirmó que el objeto encontrado era un cráneo de yeso.
“Si el medio no puede o no quiere, con su propia ética periodística, modificar eso y toma la decisión editorial de sostener la información falsa, la audiencia debe tener instancias que por lo menos puedan escucharla y dirimir esta controversia”, argumentó.
El vocero afirmó que contar con mecanismos de queja y defensorías de las audiencias no representa censura, sino una vía para que las personas puedan inconformarse ante contenidos falsos o engañosos.
También planteó que la discusión no debe limitarse a la relación entre el Estado y los medios tradicionales, sino incorporar el papel de las grandes plataformas digitales y sus algoritmos.
Señaló que empresas como Meta, X y TikTok determinan, mediante criterios poco transparentes, qué contenidos tienen mayor visibilidad, incluso cuando la información original ya fue corregida.
Explicó que una publicación falsa puede acumular miles de reacciones y continuar circulando, mientras que la actualización o rectificación pierde alcance dentro de las plataformas.
A su juicio, este fenómeno no solo afecta a las audiencias, sino también a los propios medios que intentan corregir o actualizar información, por lo que consideró necesario que el Estado defienda el interés público sin intervenir en los contenidos editoriales.
“No te puedes meter propiamente en el contenido editorial o en el ejercicio de la libertad de expresión, pero sí hay un fenómeno que ya nos rebasa”, afirmó.
Martínez Velázquez confirmó que el Gobierno de Tlaxcala respalda la discusión de los lineamientos y anunció que representantes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones acudirán al estado para explicar el alcance de la propuesta y dialogar con medios de comunicación.
Indicó que la consulta pública permanecerá abierta durante agosto y que las observaciones presentadas por medios, especialistas y ciudadanos serán consideradas en la elaboración de la versión definitiva.
Reconoció que diversos sectores han manifestado inquietudes respecto de algunos artículos, pero defendió que la consulta representa precisamente el espacio para discutirlos y realizar ajustes.
También anticipó que algunos grandes medios nacionales mantendrán una narrativa enfocada en denunciar una posible censura, aunque, desde su perspectiva, esa postura deja fuera del debate los derechos de las audiencias.
“Una cosa no está peleada con la otra: mantener la libertad de los medios, pero proteger a las audiencias”, sostuvo.
El vocero concluyó que la libertad de expresión no debe utilizarse como argumento para justificar la difusión permanente de desinformación, pues quienes consumen contenidos también tienen derecho a exigir información responsable.
Aunque fue cuestionado sobre la identificación de publicaciones contratadas con recursos públicos, posibles sanciones, la pluralidad en los medios estatales durante el proceso electoral y las observaciones específicas que presentaría Tlaxcala, Martínez Velázquez concentró su respuesta en la desinformación, la autorregulación y el derecho de las audiencias, sin precisar compromisos concretos sobre esos temas.