Cada vez que se habla de regular algo relacionado con los medios de comunicación, la primera palabra que aparece es «censura». Ocurrió con la discusión de la nueva Ley de Telecomunicaciones y ahora vuelve a suceder con la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
Es sano que exista desconfianza cuando el Estado pretende establecer reglas para un sector cuya esencia es precisamente cuestionar al poder. La libertad de expresión es un pilar democrático y cualquier intento por limitarla debe ser analizado con extremo cuidado. Sin embargo, también sería un error reducir toda la discusión a una falsa dicotomía entre libertad o censura.
La realidad es que muchos de los aspectos que hoy contienen estos lineamientos ni siquiera tendrían que discutirse porque ya deberían formar parte de la ética profesional de cualquier medio de comunicación.
No presentar publicidad como si fuera información periodística. Distinguir con claridad entre una noticia y una opinión. Corregir información falsa cuando se demuestra el error. No utilizar imágenes viejas para ilustrar hechos actuales. No sacar de contexto declaraciones para obtener más clics. Todo eso no debería depender de una regulación; debería ser simplemente una obligación ética.
Lamentablemente, la competencia por la inmediatez y por el alcance en redes sociales ha provocado que, en muchos casos, ganar un algoritmo parezca más importante que informar correctamente.
Todos hemos visto ejemplos. Fotografías de otro país presentadas como si hubieran ocurrido en México. Videos antiguos que reaparecen cada vez que sucede una tragedia. Titulares espectaculares que terminan siendo engañosos. Información incompleta que nunca se corrige, aunque después aparezcan los datos reales.
Y cuando eso ocurre, quien termina perdiendo no es el gobierno ni el medio. Pierde la audiencia.
Eso no significa que el Estado deba convertirse en el árbitro de la verdad. Ahí está justamente el mayor riesgo. El derecho de las audiencias jamás puede utilizarse como pretexto para intervenir en líneas editoriales, castigar opiniones incómodas o sancionar investigaciones periodísticas.
Una cosa es exigir responsabilidad; otra muy distinta es abrir la puerta a que una autoridad decida qué puede publicarse y qué no.
La libertad de expresión protege también el derecho a equivocarse, a opinar y a cuestionar al poder. Lo que no protege es la falta de ética cuando un medio, sabiendo que una información es falsa o engañosa, decide mantenerla porque genera más tráfico o más interacción.
El equilibrio está precisamente ahí.
Los medios debemos defender con firmeza nuestra independencia editorial, pero esa defensa también implica asumir responsabilidades. Si exigimos transparencia al gobierno, debemos ser transparentes con nuestras audiencias. Si exigimos rendición de cuentas a los funcionarios, también debemos rendir cuentas cuando publicamos información equivocada. Si reclamamos respeto a la libertad de expresión, también debemos respetar el derecho de las personas a recibir información clara, contextualizada y diferenciada de la opinión.
En ese sentido, el debate sobre los nuevos lineamientos puede ser una oportunidad para fortalecer al periodismo, siempre y cuando no se convierta en un mecanismo de control.
Porque la mejor defensa contra cualquier intento de censura sigue siendo un periodismo profesional, responsable y ético.
Y la mejor defensa de las audiencias no está únicamente en una ley o en unos lineamientos. Está, sobre todo, en la conciencia de quienes todos los días decidimos qué publicar, cómo publicarlo y con qué responsabilidad hacerlo.
Al final, la credibilidad de un medio no la construye un reglamento. La construye cada nota, cada titular y cada decisión editorial. Esa sigue siendo una responsabilidad que ningún lineamiento puede sustituir.
Se lo digo así, sin maquillaje ni retoques…