La Bestia Política

Gobierno de Tlaxcala analiza acciones legales contra medio nacional por información sobre Lorena Cuéllar.

Demian Márquez | El Gobierno de Tlaxcala analiza emprender acciones legales contra el medio nacional La Opinión de México, luego de que difundiera información en la que presuntamente se vinculó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros con una supuesta lista de funcionarios investigados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El coordinador de Comunicación, Antonio Martínez Velázquez, rechazó los señalamientos y afirmó que no existe ninguna investigación en contra de la mandataria, además de asegurar que su visa estadounidense se encuentra vigente.

Señaló que la información publicada carece de sustento y que incluso la fuente primaria utilizada por el medio habría sido desmentida por la Embajada de Estados Unidos.

Martínez Velázquez cuestionó que, pese a estas precisiones, el medio mantenga publicada la información en sus plataformas digitales.

Consideró que la permanencia de la nota contribuye a la difusión de versiones que pueden generar confusión entre la ciudadanía, particularmente cuando se presentan como hechos señalamientos que, aseguró, no están respaldados.

El funcionario indicó que la posibilidad de iniciar un procedimiento legal está siendo revisada por la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, al considerar que recurrir a las instancias correspondientes podría ser una vía para combatir la difusión de información que calificó como falsa.

Reconoció que judicializar este tipo de casos no es lo deseable, pero sostuvo que podría ser necesario ante la permanencia de la publicación.

Asimismo, señaló que la gobernadora mantiene vigente su posibilidad de realizar una próxima visita a Estados Unidos, sin que exista, según lo expuesto por el gobierno estatal, algún impedimento relacionado con su visa.

Finalmente, cuestionó la difusión de contenidos en redes sociales que retomaron la información y utilizaron imágenes de la mandataria, al considerar que este tipo de prácticas abre un debate sobre la responsabilidad de quienes generan, reproducen y promocionan información que posteriormente puede resultar falsa.

 

 

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