En Morena parecen haber descubierto que cuando el agua llega al cuello, lo urgente es organizar jornadas de defensa. Y así, mientras crecen los señalamientos contra algunos de sus integrantes, aparecen apresuradas movilizaciones para hablar de soberanía nacional.
El problema es que una cosa es defender la soberanía y otra muy distinta convertirla en una especie de paraguas político para quienes enfrentan señalamientos. Porque ante acusaciones de posibles vínculos criminales, corrupción o actividades ilegales, lo que la sociedad espera son investigaciones y explicaciones, no solamente consignas.
Morena ha desplegado asambleas y jornadas territoriales bajo el argumento de defender la soberanía, mientras el partido intenta además ordenar su proceso rumbo a 2027. La coincidencia temporal resulta, cuando menos, incómoda: mientras unos hablan de unidad, otros comienzan a preguntarse quién podría terminar pagando el costo político.
Y ahí aparece la pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo falta para que algunos empiecen a tomar distancia? Porque cuando las investigaciones dejan de ser rumores y comienzan a tocar nombres, propiedades, cuentas, empresas o relaciones políticas, la lealtad partidista puede convertirse en un asunto bastante menos romántico.
Y si de lealtades se trata, basta mirar hacia Tlaxcala. Porque mientras Morena habla de democracia, legalidad y soberanía, en la entidad estalló un escándalo que resulta difícil de ignorar: fotografías y videos difundidos públicamente mostraron presunto material propagandístico relacionado con Alfonso Sánchez García dentro de Casa de Gobierno, lo que generó señalamientos sobre el posible uso de un inmueble público como espacio de operación política rumbo a 2027.
La gravedad del asunto no está solamente en las imágenes. Está en la pregunta que dejan sobre la mesa: ¿cómo llegó material político-electoral a un inmueble del Gobierno del Estado y quién permitió que ahí se organizara o almacenara? La propia administración de Lorena Cuéllar tuvo que anunciar una investigación y advirtió que habría consecuencias. Y un día después, el Gobierno informó que tres personas habían sido separadas de sus funciones por el caso.
Eso cambia la dimensión del escándalo. Ya no se trata únicamente de una fotografía circulando en redes sociales o de una acusación de adversarios políticos. Hay una investigación anunciada por el propio Gobierno estatal y medidas administrativas reportadas públicamente. Lo que falta ahora es saber quién dio la orden, quién permitió el ingreso del material, con qué recursos se operó y, sobre todo, si existió una estructura política funcionando desde un espacio que pertenece al Estado.
Y hay otro detalle que vuelve todavía más incómoda la historia: el propio Gobierno de Tlaxcala había reconocido previamente que los funcionarios podían realizar actividad política fuera de su horario laboral, aunque bajo la condición de “cuidar las formas”.
Pues parece que alguien no cuidó demasiado las formas.
Ahora, en un giro de 180 grados el morelense que cobra como secretario de Gobierno salió a decir que no fue en casa de Gobierno, pero eso es digno de otra historia.
El Titanic de Morena todavía navega, pero algunos ya podrían estar mirando dónde están los botes salvavidas. Y si la presión aumenta, no sería extraño que quienes hoy defienden a capa y espada a sus compañeros mañana aseguren que apenas los conocían. La política mexicana tiene memoria corta, pero expedientes bastante largos.
La verdadera prueba para el movimiento no será cuántas asambleas logre llenar ni cuántas veces pronuncie la palabra soberanía. Será demostrar que la defensa de un proyecto político no significa defender personas frente a la ley. Porque si alguien resulta señalado, que responda; y si es inocente, que lo demuestre con pruebas, no con discursos.
Mientras tanto, el reloj corre y 2027 se acerca. La pregunta ya no es solamente quién será candidato, sino quién llegará políticamente limpio a la siguiente elección. Porque cuando el agua sube, la disciplina partidista suele durar hasta donde alcanza la respiración: después vienen las renuncias, los deslindes y, quizá, los arrepentidos.
Sálvese quien pueda.
Mientras tanto en Tlaxcala…
Alfonso Sánchez García aparece con una nueva propaganda “en defensa de la soberanía”, en medio de un proceso donde ya existen antecedentes de medidas cautelares y controversias electorales alrededor de propaganda relacionada con su nombre. El ITE llegó a ordenar el retiro de materiales, aunque posteriormente el Tribunal Electoral de Tlaxcala revocó una de esas determinaciones al considerar que no había elementos suficientes para atribuirle responsabilidad.
Pero ahora el asunto es distinto y mucho más delicado: el presunto uso de Casa de Gobierno como centro de almacenamiento y operación de propaganda política. Si las investigaciones confirman que un inmueble público fue utilizado para beneficiar una aspiración política, la pregunta dejará de ser quién colocó las cajas y pasará a ser quién convirtió un espacio institucional en una estructura partidista.
Y ahí es donde la frase “defender la soberanía” empieza a sonar bastante extraña.
Porque defender la democracia también significa respetar las instituciones, los recursos públicos y las reglas electorales. No se puede exigir respeto a la ley mientras se juega al límite de ella.
Lorena Cuéllar Cisneros, por su parte, tendrá que explicar mucho más que si sabía o no sabía lo que ocurría dentro de Casa de Gobierno. Si el inmueble está bajo la responsabilidad de su administración, la sociedad tiene derecho a saber cómo fue posible que presuntamente se utilizara para actividades político-electorales y quién autorizó su uso.
La explicación de que la gobernadora desconocía lo ocurrido puede ser suficiente para abrir una investigación, pero difícilmente será suficiente para cerrar el debate político.
Porque si nadie sabía, la pregunta es quién mandaba.
Y si alguien sí sabía, la pregunta es quién lo permitió.
Al final, el problema no es solamente Alfonso, Lorena o Morena. El verdadero problema es si en Tlaxcala las instituciones públicas están al servicio de los ciudadanos o al servicio de un proyecto político.
Y esa respuesta, tarde o temprano, tendrá que darse.
Porque una Casa de Gobierno convertida presuntamente en casa de campaña no es una anécdota electoral. Es una pregunta directa sobre los límites del poder.
Hoy escribe José Herrera.