Ángelo Gutiérrez Hernández | Estados Unidos tiene que hacer justicia. En México, el sistema de justicia ha sido pervertido por quienes hoy presumen la transformación, pero que en los hechos han construido un régimen de impunidad. Los ministros y jueces del acordeón, impuestos desde el poder de la llamada Cuarta Transformación, difícilmente serán quienes investiguen y castiguen la corrupción, los homicidios y los presuntos vínculos con el crimen organizado que han crecido al amparo del poder.
El caso de Rubén Rocha Moya es una muestra más de esta realidad.
El viernes regresó a gobernar Sinaloa después de 112 días de licencia. Apenas 24 horas después, volvió a solicitar licencia, ahora por tiempo indefinido. ¿Qué ocurrió en esas horas? No lo sabemos con certeza, pero parece que se ha quedado solo. Pero lo que sí sabemos es que el problema de Rocha Moya dejó de ser exclusivamente mexicano.
Estados Unidos mantiene señalamientos contra él y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Algunos de los personajes señalados ya están en territorio estadounidense. Mientras tanto, en México se pretende que una licencia, una investigación administrativa o el paso del tiempo sean suficientes para cerrar un expediente político que exige respuestas.
No puede ser.
La 4T y Morena han permitido que el poder político se mezcle peligrosamente con intereses oscuros. Ahí están las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal, los negocios millonarios y las redes de corrupción que han alcanzado distintos niveles de gobierno y a los hijos del ex presidente López Obrador. Y mientras tanto, la justicia mexicana permanece paralizada, selectiva o sometida a los intereses del poder.
Por eso hoy el juzgador parece ser Estados Unidos.
No porque debamos celebrar que otro país haga nuestro trabajo, sino porque Morena ha debilitado las instituciones mexicanas al grado de que muchos ciudadanos ya no confían en que aquí se investigue a los poderosos.
Lo ocurrido con Rocha Moya deja una lección: ser jurídicamente intocable en México no significa ser políticamente sostenible ante Estados Unidos.
Por eso exigimos una investigación seria, transparente y sin privilegios. Si existen elementos y órdenes judiciales, que se proceda conforme a derecho. Si hay responsabilidad, que se castigue. Y si corresponde la extradición, que se cumpla.
México no necesita más licencias, simulaciones ni pactos de impunidad, sólo necesita justicia.
Y mientras Morena siga protegiendo a los suyos, habrá que exigir que las instituciones nacionales recuperen su independencia y que, donde México no quiera o no pueda hacer justicia, Estados Unidos haga lo que le corresponde conforme a sus propias leyes.
Porque en Acción Nacional lo tenemos claro: nadie puede estar por encima de la ley. Ni siquiera aquellos que se sienten dueños del poder.