- Juan Manuel Cambrón Soria sostuvo que los recientes señalamientos sobre el patrimonio de la funcionaria federal deben ser aclarados y contrastados con sus declaraciones de intereses.
Daniel Angulo | Los recientes cuestionamientos sobre el estilo de vida y patrimonio de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, llevaron al PRD Tlaxcala a poner nuevamente sobre la mesa los señalamientos que desde hace años han rodeado a la funcionaria por posibles conflictos de interés.
El dirigente estatal perredista, Juan Manuel Cambrón Soria, consideró que más allá de determinar cuánto cuestan los bienes o artículos que han sido exhibidos en investigaciones periodísticas, lo que debe esclarecerse es si existe alguna relación entre el ejercicio de cargos públicos y actividades empresariales de familiares o personas cercanas.
El también exdiputado local recordó que en 2023, cuando Rodríguez Zamora estaba al frente de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala, fue cuestionada ante el Congreso estatal por presuntos vínculos entre la promoción turística institucional y negocios relacionados con integrantes de su familia.
A juicio del dirigente, los nuevos señalamientos publicados recientemente hacen necesario revisar si aquella situación tuvo continuidad durante su paso por la administración estatal y posteriormente en la Secretaría de Turismo federal.
“Cuando se ejerce una responsabilidad pública, la transparencia patrimonial y la explicación de posibles conflictos de interés dejan de ser un asunto privado”, sostuvo.
El dirigente partidista planteó que una revisión de las declaraciones patrimoniales y de intereses de Rodríguez Zamora e Iván García Juárez, funcionario del Gobierno de Tlaxcala y prometido de la secretaria federal, permitiría determinar si existe algún elemento que deba ser investigado por las autoridades.
En particular, pidió conocer si durante las gestiones encabezadas por Rodríguez Zamora se concretaron contratos, convenios, apoyos, promociones o cualquier otra acción institucional que pudiera haber representado un beneficio para empresas vinculadas con familiares o personas de su círculo cercano.
Cambrón Soria señaló que la discusión pública no debe quedarse en acusaciones o desmentidos, sino avanzar hacia la revisión de documentos y decisiones administrativas que permitan establecer con claridad si hubo o no un beneficio derivado del ejercicio del poder público.
Advirtió que un conflicto de interés no implica por sí mismo la existencia de un acto de corrupción, pero sí constituye un escenario que debe ser identificado y atendido cuando los intereses personales o familiares pueden cruzarse con las decisiones de un servidor público.
Por ello, el PRD pidió que sean los órganos de control y las autoridades competentes quienes determinen si los señalamientos tienen sustento y, en su caso, si existe alguna responsabilidad administrativa.
“Rendir cuentas no es decir que no hay nada que ocultar; es poner la información sobre la mesa para que pueda ser revisada”, sentenció.